Título: Uruguay intenta frenar la estatización del agua
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Uruguay - 16/11/2004
La coalición de izquierda Frente Amplio-Encuentro Progresista, ganadora de las elecciones presidenciales, respaldará en el Parlamento la propuesta del Partido Nacional
La coalición de izquierda Frente Amplio-Encuentro Progresista, ganadora de las elecciones presidenciales, respaldará en el Parlamento la propuesta del Partido Nacional
EFE).- El gobierno electo de Uruguay apoyará una iniciativa del Partido Nacional para impulsar la aprobación de una ley que frene la caída de las concesiones de los servicios de agua potable y saneamiento en Uruguay, afirmó hoy el futuro vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa.
El Frente Amplio es en la actualidad la mayor fuerza parlamentaria y tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras en la futura legislatura.
El directorio del Partido Nacional o "Blanco" resolvió el lunes redactar un proyecto de ley interpretativa de la reforma de la Constitución sobre el tema del agua aprobada en un plebiscito paralelo a las elecciones presidenciales y legislativas.
Los blancos, que en su mayoría apoyaron la opción ganadora en el plebiscito, pretenden que los efectos de la aprobación no sean retroactivos.
Además, el presidente del directorio y candidato presidencial derrotado, Jorge Larrañaga, fue encomendado para que realice contactos con el presidente saliente uruguayo, Jorge Batlle, para tratar que se interrumpa el proceso de estatización de los servicios.
El presidente electo, el socialista Tabaré Vázquez, que asunirá el uno de marzo, coincidió en que la enmienda aprobada no tiene efecto retroactivo, pero señaló que el tema es responsabilidad de las actuales autoridades de gobierno.
El Gobierno uruguayo encomendó la pasada semana a la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) que rescate las concesiones de los servicios de agua potable y saneamiento en manos de empresas privadas.
El designado ministro de Economía en el futuro gobierno, Danilo Astori, dijo sentirse "sorprendido" por la decisión de la administración Batlle, y advirtió sobre la posibilidad de que el Estado deba hacer millonarias indemnizaciones a las empresas.
La aprobación del plebiscito con el 64,5 por ciento de los votos implica la recesión de los contratos del Estado con 14 empresas privadas, entre ellas las españolas Uragua y Aguas de la Costa, para la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento.
Fuente: Infobae.com.ar
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