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Título: LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO VA CAMINO A UNA 'CATASTROFE SANITARIA' (24/04)(Hoy)
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Argentina - 24/04/2006
Un extenso trabajo presentado por la AGN revela el alto nivel de contaminación producido por los vertidos cloacales e industriales, al que se exponen a diario más de tres millones y medio de habitantes.
Segun la Auditoría General de la Nación que denuncia la inoperancia del Comité que debía llevar a cabo el saneamiento
Trece años después de la promesa que realizó María Julia Alsogaray, la cuenca Matanza-Riachuelo sigue igual o peor. No sólo no se realizaron las obras de saneamiento que anunció cuando ocupaba la secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, sino que tampoco se utilizó como correspondía el préstamo de US$ 250 mi-llones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y lo que es peor aún: cada día que pasa, crece la contaminación y la zona va camino a una “catástrofe sanitaria”.
Estas y otras conclusiones engrosan un informe presentado por la Auditoría General de la Nación, que analiza la problemática ambiental de la cuenca entre 1995 y 2005. El trabajo resume la actuación del Comité Ejecutor creado para poner en práctica un plan de saneamiento y denuncia, a su vez, la contaminación -con PCB y otras once sustancias cancerígenas- a la que están sometidas las 3.500.000 personas que habitan en la zona.
La cuenca Matanza-Riachuelo comprende una superficie de 2240 km2, que incluye a Capital Federal, ocho partidos del Conurbano (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Merlo, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora) y cinco del resto de la provincia (Las Heras, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente, Cañuelas). En este territorio se concentra parte de la población más vulnerable del país: sólo en la parte baja del río, existen 13 villas de emergencia. Allí, las carencias son extremas, y los servicios básicos como agua potable y cloacas son inexistentes.
Justo aquí se concentran los mayores niveles de contaminación en aguas superficiales, suelos y aguas subterráneas, según el informe de AGN. Las dos principales fuentes son los vertidos cloacales y los industriales. Estos últimos son importantes no sólo en cantidad sino en calidad. El informe precisa que “se vierten compuestos altamente tóxicos como metales pesados (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, níquel) e hidrocarburos y sus derivados”. Y responsabiliza a alrededor de 50 establecimientos industriales ubicados en Dock Sud (ver aparte).
El cuadro reviste gravedad y la AGN es clara en ese sentido: “De producirse una contingencia ambiental, nos encontraríamos ante una catástrofe sanitaria, ya que se registran en el área al mismo tiempo altos niveles de contaminación y una población vulnerable, debido a que tiene necesidades básicas insatisfechas, lo que aumenta los niveles de riesgo”. Extrema pobreza y alta contaminación aparecen como un cóctel explosivo.
Un Comité sin sentido
El trabajo denuncia además la inoperancia del Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo, creado en 1993, que integraron la secretaría de Recursos Naturales, la Provincia y el Gobierno porteño. Su objetivo era poner en práctica un plan de Gestión Ambiental ponderado en más de 500 millones de dólares, que iban a ser aportados por el Estado y el BID. La Auditoría señala que, paradójicamente, ese órgano nunca fue constituido como autoridad de cuenca ya que no se le delegaron funciones de ningún tipo (“no habilita, no sanciona, no certifica”, señala). Además, no contaba con poder de policía en materia de contaminación. En síntesis, se le asignó una función que no iba a poder desarrollar.
Los mayores cuestionamientos están relacionados con el uso de los fondos. El Gobierno pidió un préstamo de 250 millones de dólares al BID, del que se ejecutaron 7.762.790 dólares que, junto a otros 45 millones aportados por el Estado, se gastaron en tareas de consultoría y remoción de cascos hundidos pero no en obras de saneamiento. No es todo: durante el gobierno de Eduardo Duhalde, más de la mitad del crédito (150 millones) se destinó a planes sociales. Como corolario, se pagaron 2 millones extra por no haber usado los fondos convenidos.
Lo que no hizo el Comité
No desarrolló acciones para controlar a las industrias; tampoco fijó criterios técnicos para definir las obras necesarias ni realizó un estudio epidemiológico de la salud de la población.
Un plan improvisado
El Plan de Gestión Ambiental no incluía metas, tareas, plazos ni recursos que permitieran establecer claros objetivos de saneamiento de la Cuenca.
Nuevo préstamo
El préstamo original del BID caducó en 2003.
El Comité, que depende de la cartera de Julio De Vido, inició una gestión de reformulación por US$ 200 millones que no concluyó.
Las fuentes de la contaminación
El informe precisa que la contaminación cloacal es provocada por la falta de cloacas y tratamiento de los vertidos, que van a pozos absorbentes, pero también por la existencia de conexiones clandestinas de las industrias.
La Auditoría advierte que esto “no sólo afecta las aguas superficiales y sedimentos, sino también los suelos
y el agua subterránea, a lo que se suma el ascenso de la napa freática”.
Los vertidos industriales constituyen el otro foco contaminante. Según los datos brindados por el Comité Ejecutor, existen en la Cuenca 3.527 establecimientos industriales, distribuidos principalmente en Capital Federal, La Matanza y Lanús.
Si bien el área de Dock Sud no pertenece a la Cuenca, es una fuente muy significativa de contaminación, y “puede agravar la situación en caso de producirse una contingencia ambiental”.
Otras fuentes son los residuos derivados de las operaciones portuarias y de los buques que entran en el Riachuelo, la basura no tratada y los desechos agroquímicos.
El informe señala que hay “un grave riesgo para la salud”; “muchos de los contaminantes, como metales pesados, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos y plaguicidas, son tóxicos a bajas concentraciones”. “Es una muerte lenta”, sintetiza en diálogo con Hoy Alfredo Alberti, titular de Asociación de Vecinos de La Boca, una ONG que reclama una solución urgente. “Esto es una zona liberada, en especial la cuenca baja. Acá no es cuestión de hacer parches, sino de pensar un plan integral y hacer cumplir las leyes”.
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