 |
|
Título: Acueducto del Río Colorado, afirman que el perjuicio al Estado es millonario
|
Argentina - 08/10/2004
En la denuncia por los supuestos delitos en torno a la obra del acueducto del río Colorado, los diputados del FRAP y el socialismo mencionan la “ambigüedad” del actual Gobierno Provincial, que por un lado dejó filtrar incumplimientos e irregularidades, pero no avanzó en acciones correctivas o en delimitación de responsabilidades
El perjuicio contra las arcas del Estado provincial y el nacional en la construcción del acueducto del río Colorado sería millonario, según evaluaron los diputados del FRAP y el socialismo, que presentaron ayer por la mañana una denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº 7, a cargo de la doctora Verónica Fantini. Los legisladores pretenden que la magistrada investigue las responsabilidades penales de los ex funcionarios y funcionarios provinciales que permitieron una notoria serie de irregularidades durante la marcha de la obra, actualmente paralizada.
Los diputados destacaron que las anomalías principales fueron admitidas inclusive públicamente por funcionarios y la cabeza del actual Gobierno Provincial, aunque no corregidas ni llevadas a los estrados judiciales (ver aparte).
La denuncia compromete fundamentalmente a los ex funcionarios del área de Obras Públicas del gobierno de Rubén Marín, el ex secretario Raúl “Tuti” Rodríguez, los integrantes de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado (COTARC) y el titular de la inspección de los trabajos, el ingeniero Carlos Opezzo, quien aún retiene su cargo.
Avance y cobro en forma ilícita
El eje central de la denuncia es que los funcionarios provinciales hayan permitido que la empresa de Américo Gualtieri avanzara a lo largo de 200 kilómetros en la colocación de los caños, y cobrara esos trabajos, a pesar del incumplimiento de realizar las pruebas hidráulicas que exigía el contrato.
La obra de 1.100 kilómetros de longitud se licitó en el ’97, con un presupuesto oficial de 183 millones de dólares, adjudicándose a la empresa de Américo Gualtieri. En el contrato figura que la compañía debía hacerse cargo de las pruebas hidráulicas, cada 1.000 metros, y no podía avanzar en el tendido y enterrado de caños más de 15 kilómetros sin hacerlas y subsanar las fallas que aparecieran.
La certificación para el pago se establecía en un 60% al acopio de cañería al costado de la zanja, hasta un máximo de 10 km en el troncal y 20 km en los secundarios. Un 20% una vez colocado y realizada la prueba hidráulica a zanja tapada. Y el restante 20% una vez limpiada la zona y terminados los trabajos.
“Toda colocación sin prueba hidráulica, fuera de esos 15 km, que haya sido certificada y pagada, lo ha sido en forma ilícita, por contraponerse en forma abierta a lo determinado en pliego y contrato”, señalaron los diputados en la denuncia.
En ese sentido, le indican a la jueza que, fundamentalmente en declaraciones periodísticas, el propio gobernador Carlos Verna y sus colaboradores cercanos admitieron la violación de lo establecido, con la colocación de centenares de kilómetros de cañerías, tanto en la red troncal como en las secundarias, sin haber realizado las pruebas hidráulicas.
Confesiones de parte
En los recortes de diarios anexados a la denuncia, casi a modo de confesiones de parte, aparece Verna diciendo que la inspección permitió enterrar 300 kilómetros de caños sin las pruebas y el subsecretario de Obras Públicas, corrigiendo que se trató de 200. Esa colocación de cañerías fue pagada, contradiciendo el contrato, remarcaron los legisladores.
Además, recordaron que el mismo Bargero dijo en la Legislatura el 19 de mayo que habían encarado pruebas este año en toda la extensión del acueducto y descubierto fallas en las juntas, aunque aseguró desconocer si se le habían pagado las pruebas a Gualtieri.
Sin embargo, subrayaron que, aun en el caso de que no se hubiera pagado, las pérdidas para Nación y Provincia serían cuantiosas porque la empresa cobró por lo menos por la instalación de la cañería, cuando no debería haber avanzado más allá de 15 kilómetros, según el pliego.
“Dada la magnitud de los montos que se habrían erogado, el perjuicio monetario para la Provincia y la Nación ha sido cuantioso, al haberse desobedecido las especificaciones expresas del pliego y del contrato”, destacaron.
Sobre esto, el ex secretario de Obras Públicas Raúl Rodríguez declaró que no se pagó por las pruebas que no se hicieron, pero los diputados le marcaron a la jueza que el ex funcionario omitió también decir que no debió hacerse, ni certificarse ni mucho menos pagarse el tendido de centenares de kilómetros de cañerías sin pruebas hidráulicas.
La denuncia apunta a los ex funcionarios de Marín
Sospechas: los hechos denunciados como irregulares en el Juzgado de la jueza Fantini sucedieron durante el período en el cual la construcción de acueducto estuvo a cargo de la empresa de Américo Gualtieri. Los legisladores apuntan a los funcionarios del ex gobernador Rubén Marín que permitieron que la compañía avanzara en la obra y cobrara por esto a pesar de los incumplimientos.
La denuncia penal que presentaron ayer los diputados del FRAP y el socialismo apunta al corazón de la gestión del ex gobernador Rubén Marín. El actual senador encaró la construcción del acueducto del río Colorado con el anhelo de erigirla en “la obra del siglo” y de que coincidiera la terminación, a modo de broche de oro, con el fin de su prolongada gestión en el Ejecutivo Provincial.
Sin embargo, aquel sueño se trastocó en un dolor de cabeza. Primero, con la rescisión del contrato con el inefable empresario Américo Gualtieri y la imposibilidad de concluir la obra a término. Ahora, con la llegada a los estrados judiciales de las permanentes sospechas de irregularidades que se generaron inclusive a horas de aquella primera licitación y permanecieron hasta estos días.
En la denuncia de ayer, los diputados aludieron a la “ambigüedad” para tratar el tema que ha tenido el actual gobernador Carlos Verna, ya que si bien permitió que se filtren las irregularidades cometidas durante la anterior gestión, mantuvo recelo a brindar información acabada sobre la obra y permaneció en una posición expectante, evitando confrontar abiertamente con el presidente de su partido.
Los legisladores, en cambio, cargaron fuertemente las sospechas de corrupción sobre las espaldas de los ex funcionarios de Marín. “Evaluamos que hay ilícitos desde áreas con responsabilidades en la ejecución de las tareas. Tienen injerencia la Secretaría de Obras Públicas, la COTARC e incluso la Inspección contratada para la verificación del cumplimiento de las tareas por parte de las empresas”, le dijo a El Diario el socialista Adrián Peppino.
Sólo hace falta ponerle nombre y apellido a cada una de las áreas sobre las que se dirigen las sospechas:
* La Secretaría de Obras Públicas, que en los últimos años del gobierno de Marín pasó de la órbita del Ministerio de Hacienda a reportar directamente al jefe de Estado, estaba a cargo del ingeniero Raúl “Tuti” Rodríguez, actual funcionario nacional, colaborador en la intervención de Santiago del Estero del ex fiscal Pablo Lanusse.
* La Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, encargada de diseñar el proyecto y tener relación directa con la adjudicataria de la obra, estuvo presidida siempre por el titular de Obras Públicas. Sin embargo, la figura del coordinador tuvo etapas de mayor y menor relieve durante el anterior gobierno. Uno de los coordinadores de más peso en la elaboración del proyecto fue el ingeniero Raúl Crespillo.
* Para la inspección de la obra, responsable de verificar sobre el terreno el cumplimiento de los trabajos acorde a lo fijado en el pliego licitatorio, fue contratado el ingeniero Carlos Opezzo. A pesar de los cuestionamientos que recibió a principio de año por parte del nuevo titular de Obras Públicas, Julio Bargero, el ingeniero retuvo esa función.
Más sospechas
Los diputados también aportaron en la denuncia penal documentación de la Fundación Chadileuvú, que planteó en forma reiterada serios cuestionamientos a la obra, desde su adjudicación original a una empresa con mala reputación previa, el monto de la licitación -que calificó de “sospechosamente bajo”- y el posterior reajuste del precio muy por encima del fijado en la licitación, hasta el estado actual de incertidumbre sobre la finalización.
Mencionaron otras situaciones sospechosas, como que no existe ni siquiera un proyecto de obra, efectuándose la misma en base a un anteproyecto, según las propias manifestaciones del actual coordinador de la COTARC, Roberto Ambrosino.
También puntualizaron que, en forma extraoficial, se mencionó que desaparecieron cuatro vehículos tipo pick-up afectados a la obra.
Y apuntaron que se excedieron todos los plazos previstos para la finalización de la obra y el costo fijado, en una magnitud que no ha sido informada todavía.
Finalmente, señalaron que la UTE Techint-Skansa paralizó el mes pasado los trabajos “precisamente por no hacerse cargo del costo de las pruebas no realizadas por Gualtieri, con evidente responsabilidad penal de los funcionarios que lo admitieron”.
“El eventual perjuicio económico del costo de esas pruebas, a realizarse, ilícitamente, a posteriori del tendido de centenares de kilómetros de cañerías, es sumamente elevado y afectará severamente al presupuesto provincial”, redondearon.
“Camino único y obligatorio”
Los diputados del FRAP y el socialismo no dejaron pasar por alto en la denuncia penal que presentaron ayer que “las actuales autoridades provinciales no han denunciado con claridad las irregularidades anteriores a su gestión ni menos aún han adoptado las medidas correctivas pertinentes, en especial en el plano judicial”.
Tampoco las reiteradas manifestaciones del designado fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Romero Oneto, acerca de que no investigará lo referido al acueducto por haber sido asesor de la COTARC (Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado).
“Si a ello se suma que los hechos denunciados no son meras infracciones administrativas, sino que constituirían graves ilícitos penales, queda como único y obligatorio camino la actuación judicial para dilucidar las anomalías señaladas”, argumentaron los diputados Ricardo Consiglio, Delia Braun, María Josefina Díaz, Julio César Berges, Carlos Faus (UCR), Mario Cayre (MAPA) y Adrián Peppino (socialismo).
Doce despidos más
Al menos 12 trabajadores del acueducto habrían sido despedidos ayer en Guatraché como represalia de la empresa luego de que iniciaran un reclamo por el ritmo que lleva la obra. Los obreros se quejaron porque consideran que “los están apurando con el ritmo de obra”, confiaron a El Diario fuentes allegadas a los trabajadores.
Los despedidos, que se suman a los más de 150 que se efectivizaron en septiembre, dijeron también que les llamaba la atención que el delegado de obra no aparece en el lugar desde hace varios días.
Las pruebas
Como parte de prueba de la denuncia, los diputados de la oposición le aportaron a la jueza Verónica Fantini una copia del pliego licitatorio del acueducto, recortes periodísticos con declaraciones de los funcionarios involucrados, copias de las notas emitidas por la Fundación Chadileuvú y la copia del acta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que visitó el subsecretario de Obras Públicas, Julio Bargero, el 19 de mayo pasado.
Además, también le entregaron los pedidos de informes del diputado Mario Cayre y el proyecto para crear una comisión especial que investigue el tema, bloqueados en la Legislatura por el oficialismo.
Finalmente, le aconsejaron a la magistrada que requiera de las autoridades los antecedentes existentes con respecto a la licitación, contratación, certificaciones, pagos y demás constancias referidas a la obra.(EDLP)
Fuente: El Santacruceño.com.ar
|
|
|
 |
