Título: PARAGUAY: ORGANIZACIONES SOCIALES IMPULSAN GESTIONI COORDINADA Y PARTICIPATIVA DEL ACUIFERO GUARANI
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Uruguay - 28/09/2007
El papel del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en la gestión del Acuífero Guaraní fue uno de los temas fundamentales analizados el jueves en un debate público que se realizó en Montevideo
El papel del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en la gestión del Acuífero Guaraní fue uno de los temas fundamentales analizados el jueves en un debate público que se realizó en Montevideo, capital uruguaya, y del cual participaron representantes de organizaciones y redes sociales de toda la región.
El debate fue organizado por la Iniciativa MERCOSUR de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Red Vida, que aglutina a decenas de organizaciones americanas que trabajan por el derecho humano al agua, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay y la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República de ese país.
El Acuífero Guaraní es considerado como el segundo mayor reservorio de agua dulce del planeta y se extiende subterráneamente a lo largo de territorios de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Antes de la actividad y desde el miércoles los representantes de las diversas organizaciones y redes sociales de esos cuatro países se habían reunido para analizar la importancia de la gestión del Acuífero Guaraní en el marco de la integración regional y cómo impulsar desde la sociedad civil un manejo sustentable de esa fuente de agua.
Radio Mundo Real aprovechó la oportunidad para dialogar con Elías Díaz, integrante de Sobrevivencia - Amigos de la Tierra Paraguay, organización que integra también la Alianza Social Continental y el capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Díaz aseguró que la reunión en Montevideo significa “el verdadero comienzo” de un trabajo coordinado para impulsar una gestión sustentable del Acuífero Guaraní.
El activista paraguayo explicó que el Proyecto Acuífero Guaraní, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés) y administrado por los gobiernos de los países que están sobre el acuífero, es una iniciativa que se hizo al margen de la sociedad civil.
La falta de transparencia en la instrumentación de ese proyecto y de información sobre sus características son de las cosas que más preocupan a las organizaciones sociales.
“Recién ahora nosotros estamos reaccionando ante esta acción, para pasar de una visión corporativa sobre el acuífero a lo que la sociedad civil piensa que es una visión sustentable”, reconoció Díaz.
Con respecto a la importancia del Acuífero Guaraní en el marco de la integración regional, Díaz dijo que ese acuífero “está completamente integrado dentro del área de la Cuenca del Plata”. “El acuífero es de la gente de la Cuenca del Plata, no de los países sino de la gente”, enfatizó.
El representante de Sobrevivencia manifestó que la expansión de monocultivos en Paraguay, especialmente los de soja transgénica, significa una grave amenaza para las fuentes de agua del país, amenaza que también sufre Argentina, Brasil y Uruguay, que tienen grandes plantaciones de soja pero también de eucaliptos y pinos, destinados a la industria de la celulosa.
Finalmente, Elías se refirió a la Ley de Aguas aprobada hace poco en Paraguay y que había sido elaborada conjuntamente por diversos sectores del país, entre los cuales se destacaron las organizaciones sociales. En la actualidad se está trabajando en la reglamentación de esa ley, para que se empiece a aplicar correctamente, y otro grupo de trabajo empezó a elaborar un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.
La Ley de Agua “en primer lugar establece que toda el agua superficial o subterránea en el territorio paraguayo es propiedad inalienable del Estado”, empezó explicando Díaz. “La segunda cuestión fundamental de esta ley es que sostiene que el acceso al agua potable en calidad y cantidad suficiente y adecuada es un derecho humano fundamental y por lo tanto (el agua) debe ser provista por el Estado”, agregó el activista a modo de resumen.
Díaz explicó que en el proceso de reglamentación de la ley las organizaciones paraguayas buscan asegurarse que las corporaciones “no incorporen trampas para sobrepasar lo que establece la norma”.
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