Título: CHILE: LA INVIABILIDAD DE PASCUA LAMA (30/05)(Fuente: La Tercera)
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Chile - 30/05/2005
El proyecto minero de la compañía canadiense Barrick Gold Corp, que pretende remover parte de tres glaciares que se ubican en la parte superior de la naciente del río El Toro para explotar los recursos minerales que se encuentran en el sector es, desde todo punto de vista, inviable
Por Rodrigo Pizarro, director ejecutivo de Fundacion Terram
Fecha edición: 30-05-2005
El proyecto minero de la compañía canadiense Barrick Gold Corp, que pretende remover parte de tres glaciares que se ubican en la parte superior de la naciente del río El Toro para explotar los recursos minerales que se encuentran en el sector es, desde todo punto de vista, inviable. Primero, porque causaría un irreparable desequilibrio ecológico en la zona. Además, las dudas respecto de que esta actividad contamine las aguas del sector han sido incluso expuestas por la Corema III Región hace pocos días. Por último -y más importante- la actual institucionalidad ambiental del país es incapaz de asegurar la viabilidad ambiental de este proyecto.
A pesar de lo expuesto por el director de relaciones corporativas de Barrick, Rodrigo Jiménez, en una columna publicada el 27 de mayo en La Tercera, esta intervención sí afectaría directamente las reservas de agua de la zona, lo que no es un tema menor en una región donde éstas son muy escasas y fundamentales para la agricultura y subsistencia de los habitantes. Según las cifras disponibles, de la superficie con glaciares en nuestro país (ver www.glaciologia.cl) la III Región cuenta apenas con 66,83 km2, que equivalen al 0,3% de los glaciares existentes en nuestro país.
Además, las actividades de explotación afectarían el suministro de agua en el valle del Huasco, principalmente de la cuenca del río El Carmen, lo que no es novedad ya que éstas han sido ya afectadas por el crecimiento de la actividad minera del sector. Esto, tanto por la contaminación como por el aumento de los precios, forzando a una migración campo-ciudad tanto de agricultores como de asentamientos indígenas.
Aunque la minera aún no comienza sus funciones por no haber sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, existe una fuerte disminución de los hielos de los glaciares. La propia empresa ha registrado entre 1981 y 2000 una baja en cerca de un 50% en la zona donde se emplazará el proyecto. Esta disminución podría deberse a los efectos del calentamiento global. Sin embargo, esta hipótesis contrasta notoriamente con las conclusiones de un estudio de la Dirección de Aguas dependiente del MOP, que concluye que los glaciares habrían reducido su superficie entre un 50% y 70% entre los mismos años, producto de las actividades desarrolladas por la empresa en la etapa de anteproyecto (investigación y exploración).
En ambos casos el diagnóstico resulta alarmante, lo que debería ser considerado por la autoridad. Algo parecido ocurrió en el caso de la Celulosa Arauco Valdivia, en donde la autoridad ambiental aprobó la construcción de la planta a sabiendas de que la zona ya se encontraba vulnerable a causa de la contaminación. Los resultados de esta irresponsabilidad ya pasaron la cuenta con una catástrofe ambiental.
Es conocido que nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no busca detener proyectos, mucho menos aquellos que significan una gran inversión, que en este caso bordea los 1.500 millones de dólares. El mecanismo que se utiliza es la inclusión de nuevas exigencias para su aprobación final.
La actitud que hasta el momento han mostrado las autoridades ambientales hace prever que, de concretarse el proyecto, el impacto ambiental será inminente. Hay que recordar que la poca jerarquía y el escaso poder de fiscalización de la autoridad ambiental ya han quedado en evidencia en casos como La Farfana, la tala ilegal de alerces o el humedal de Batuco. Ejemplos sobran y, teniendo en cuenta los riesgos que el proyecto involucra -la remoción de los glaciares, la escasez y contaminación de las aguas- miles de personas podrían verse afectadas y serían ellas quienes finalmente pagarían los costos ambientales que las empresas no asumen. Si la autoridad ambiental no es capaz de garantizar la fiscalización de un proyecto tan invasor como éste, entonces su aprobación significaría un riesgo demasiado alto que la mayoría de la gente no está dispuesta a correr.
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