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Título: OPINION ¿QUE PASA CON LA HIDROVIA? (21/12)..
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Argentina - 21/12/2004
Se trata de la concesión que opera la vía navegable troncal Santa Fe-Océano, a través de la cual se moviliza la mayor parte del comercio exterior argentino.
Desde esta columna hemos venido siguiendo el desenvolvimiento de un singular servicio público otorgado en concesión por el Estado nacional durante la primera gestión menemista. Se trata de la concesión que opera la vía navegable troncal Santa Fe-Océano, a través de la cual se moviliza la mayor parte del comercio exterior argentino.
Esta concesión fue adjudicada en 1995 por un término de 10 años. Dos años después fue objeto de una prematura y cuestionada renegociación, que la extendió 8 años más, involucrando entonces ingresos para la empresa concesionaria de aproximadamente 1800 millones de dólares, si se proyectan los ingresos por el peaje que se percibirá de los usuarios del canal más el subsidio estatal anual comprometido de 40 millones de dólares. Como lo denotan estas cifras, se trata ciertamente de un contrato de enorme magnitud económica.
Por razones nunca explicadas en el nivel oficial, mientras el resto de las empresas concesionarias de servicios públicos se encuentran con las tarifas pesificadas y congeladas desde hace casi tres años, esta concesionaria fue sucesivamente obteniendo reconocimientos por parte del Estado muy superiores a los que reciben las demás prestatarias.
Primero, por un decreto de abril de 2002 se dispuso que las tarifas del peaje por el uso del canal quedaban exceptuadas de la pesificación que afectó a los demás servicios públicos. Luego, por otro decreto dictado en las postrimerías de la gestión gubernamental anterior (27 de diciembre de 2002), se aprobó un acta acuerdo suscripta entre el Estado nacional y la empresa concesionaria del dragado del canal, merced a la cual se dispuso incrementar en un 45% el valor del peaje por el uso de esta vía navegable.
Finalmente, el 22 de diciembre del año pasado se emitió un nuevo decreto para prorrogar el aumento tarifario, cuya vigencia se había acotado inicialmente a un año, hasta fines del corriente año. Y todo lo anterior se hizo sin que mediaran un proceso de renegociación, de acuerdo con el marco normativo previsto para las demás concesiones, ni menos aún una audiencia pública u otro mecanismo de consulta que permitiera escuchar el parecer de los usuarios y de la comunidad. Respecto de estos últimos, corresponde recordar que el Centro de Navegación, que agrupa a los armadores de buques, compartió en su momento en plenitud nuestro último editorial, en el cual se señaló el tratamiento privilegiado que recibe esta concesión.
De los objetables argumentos para disponer primero la dolarización de estas tarifas y luego su significativo incremento nos ocupamos ya en estas columnas. Respecto del aumento, baste recordar que se fundó en el hecho de haberse suspendido el pago del subsidio estatal antes indicado, aunque sin demostrarse de qué manera afectaba esa medida a la concesionaria, considerando el significativo incremento del tráfico en el canal.
Tampoco se aclaró la razón por la cual dicho subsidio no quedó pesificado por aplicación de las normas respectivas dictadas por el propio Gobierno, que afectaron sin distinción todas las relaciones contractuales, ya sea que involucrasen a personas públicas o privadas.
Y no menos inconsistente resultó el decreto que dispuso, a fines de 2003, la prórroga del incremento tarifario del 45%. Es que si dicho aumento estaba dirigido a suplir la falta de pago del subsidio estatal, justificado -al licitarse la concesión- en el bajo tráfico del canal para pagar las obras, tal fundamento se vuelve incongruente cuando en los considerandos del propio decreto se reconoce que la concesión "ha redundado en un incremento del tonelaje anual sensiblemente superior al mil por ciento".
Pero lo más grave del privilegiado e injustificado tratamiento que recibe este contrato de concesión es que ha sido objeto de serios y justificados cuestionamientos, formulados por todos los órganos de control de la administración, sin excepción.
En ese sentido, existen fundados informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Oficina Anticorrupción (OA), respectivamente, cuyas conclusiones son reveladoras de gravísimas irregularidades que se habrían iniciado con el trámite mismo de la licitación y que se extenderían a la renegociación prematura del contrato, la posterior dolarización de las tarifas y el cuestionado incremento tarifario actualmente en vigor.
Entre otras cosas, la Sigen cuestiona que la autoridad competente no haya realizado un análisis con relación a la ecuación económico-financiera del contrato, tal como lo exigen las normas de contrataciones, que estipulan que se debe asegurar que la rentabilidad -en las concesiones- no exceda una relación razonable entre las reales inversiones realizadas y la utilidad neta obtenida por la concesionaria.
Por su parte, del informe de la Oficina Anticorrupción se desprende que el costo de dragar un metro cúbico en esta concesión supera en más de un 100%, en dólares, el monto correspondiente al dragado del canal Martín García, situado en la otra ribera del Río de la Plata. A ello hay que agregar que en fecha reciente se ha ofertado un valor incluso inferior para el dragado del canal del Puerto de Bahía Blanca.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación también ha formulado diversos reparos a la ejecución de este contrato en sus sucesivos informes anuales, destacando que para establecer la tarifa de peaje no se han considerado los ingresos reales de la empresa a lo largo de la concesión, sino sólo los teóricos a la fecha de la adjudicación. Asimismo, se observó que nunca se cumplió con la obligación de constituir el órgano de control de la concesión.
A fin de año vence la prórroga del incremento tarifario del 45% y hasta ahora no se sabe en qué estadio se encuentra la renegociación entre el Estado y la empresa concesionaria. Es de esperar que no se vuelva a prorrogar la vigencia del cuestionado incremento sin antes esclarecerse, de modo convincente, los fundados cuestionamientos acerca del inusual tratamiento acordado a este multimillonario contrato de concesión.
El silencio absoluto que hasta ahora han mantenido las autoridades no es un buen presagio. La transparencia en la gestión pública exige respuestas.
Fuente: La Nación.com.ar
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