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Título: PLANTAS DE CELULOSA: SE AGUDIZA EL DIFERENDO DIPLOMATICO, ENTRE RIOS LLEVARA EL CASO A LA CORTE (16/07)
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Argentina - 16/07/2005
Uruguay no cede: hará las fábricas que cuestiona la Argentina, pesimismo de Bielsa. “El proyecto sigue firme”, dijo anoche el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a LA NACION.
Se agudiza el diferendo diplomático. Uruguay no cede: hará las fábricas que cuestiona la Argentina, pesimismo de Bielsa. “El proyecto sigue firme”, dijo anoche el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a LA NACION.
La afirmación dejó en claro que el gobierno del vecino país se propone seguir adelante con la construcción de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, frente a la costa entrerriana, que la Argentina cuestiona por considerar que podrían provocar contaminación ambiental.
El diferendo diplomático entre los dos países también fue avivado ayer por las declaraciones de los dos cancilleres. En Buenos Aires, Rafael Bielsa reconoció que con Uruguay existe “una gran diferencia” y dijo que tiene un “mal pronóstico” respecto de cómo evolucionará la controversia.
“La construcción de las plantas no tiene marcha atrás”, respondió su colega uruguayo, Reinaldo Gargano. “Creo que se le ha dado a la cosa un empuje diplomático e internacional que, de alguna manera, transforma esto en un problema”, agregó.
Estas palabras fueron consideradas una alusión a la gestión del gobierno argentino ante organismos internacionales para frenar una asistencia financiera de 1800 millones de dólares destinados a la construcción de las polémicas fábricas de papel.
La iniciativa uruguaya ya provocó cuestionamientos de entidades de protección del medio ambiente y manifestaciones populares en los dos países. En abril pasado, un reclamo de argentinos y uruguayos reunió a unas 40.000 personas que cortaron el puente internacional que une Fray Bentos con Puerto Unzué.
Para la semana próxima está prevista otra marcha, organizada por una asamblea ambientalista en Fray Bentos, que planea llegar con su protesta hasta Montevideo.
El principal cuestionamiento del gobierno argentino es que Uruguay se niega a hacer un estudio del impacto ambiental del proyecto, tal como acordaron los presidentes Kirchner y Vázquez en mayo. Este punto fue tenido en cuenta por la Confederación Financiera Internacional (dependiente del Banco Mundial) para frenar el desembolso de los 1800 millones de dólares.
Sin embargo, Gargano insistió ayer en que su país “hizo dos estudios de impacto ambiental para otorgar los permisos” a las empresas que llevarán adelante el proyecto: ENCE, de España, y Botnia, de Finlandia.
Las dos compañías dijeron que aplicarán en las plantas tecnología aprobada por la Unión Europea. No obstante, el embajador Raúl Estrada Oyuela, encargado especial de Asuntos de Medio Ambiente Internacionales del Palacio San Martín, explicó que lo que no aclaran las empresas es que la normativa de la UE establece que este tipo de tecnología sólo podrá usarse hasta 2007, fecha en que la única opción para que este tipo de plantas siga funcionando será reconvertir la tecnología.
Ambos establecimientos producirán la pasta celulósica con un método denominado kraft. De esa forma, por cada tonelada de pulpa que se elabora se liberan a la atmósfera entre uno y tres kilos de dióxido de sulfuro, característico por el olor a huevo podrido. Las partículas sulfurosas se combinan con la humedad de las nubes y caen con la lluvia, la nieve y el rocío, y es lo que se conoce como "lluvia ácida".
Según las entidades ambientalistas, en los espejos y cursos de agua, la lluvia ácida implica la desaparición de pequeños animales y del fitoplancton, lo que, con el paso del tiempo, termina con el resto de los animales. En el suelo, la acidez envenena las raíces de las plantas y en el ser humano la lluvia ácida incrementa las afecciones respiratorias y los casos de cáncer.
La empresa finlandesa Botnia prevé producir anualmente cerca de un millón de toneladas de pasta de celulosa; mientras que la española ENCE procesaría unas 400.000 toneladas.
Los ambientalistas recuerdan, cada vez que pueden, los problemas ecológicos que ENCE ha tenido en Pontevedra, donde, por ese motivo, fue multada por las autoridades.
Tibios intentos
Ayer, de todos modos, hubo tibios intentos argentinos para intentar despejar el cerrado frente de tormenta que por la mañana cubría la relación entre nuestro país y Uruguay, según el "mal pronóstico" del que habló Bielsa.
El canciller encomendó al subsecretario de Política Exterior, Roberto García Moritan, hablar con el embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, para que transmitiera al canciller Gargano la voluntad de diálogo de nuestro país, pero hasta anoche no había respuesta al convite.
Por la mañana, en declaraciones radiales, Bielsa admitió que existe "un punto de roce" con Uruguay.
"Ninguna palabra que diga pueda ser un elemento que haga escalar una diferencia (entre ambos países), que es muy grande", destacó el canciller.
Igualmente, dijo: "Estamos haciendo todo lo que necesitamos para la defensa de los intereses de nuestro país, en coordinación con el gobierno de Entre Ríos, y no tengo buen pronóstico".
En ese sentido, Bielsa expresó su poca confianza en que el tema "llegue a buen puerto" y, por lo tanto, advirtió: "Creo que vamos a tener que pasar a otras instancias posteriores" (de la prevista en el Estatuto del Río Uruguay).
"Uruguay, unilateralmente, levantó las dos reuniones que habíamos previsto -agregó- para poner a funcionar una comisión que iba a medir el impacto ambiental de una obra de esta naturaleza y sus consecuencias sobre Gualeguaychú y las costas aledañas."
El canciller dijo que llevar adelante estas acciones, "para la Argentina, es una obligación constitucional".
Argumentó, en favor de la posición de nuestro país, que si no existiera el peligro cierto de contaminación, "Uruguay no debería tener ningún problema, de una vez por todas, en poder hacer la medición del impacto ambiental, como acordaron los dos presidentes hace un mes y medio, ante mi presencia", afirmó. En lugar de eso, sostuvo, Montevideo "ha levantado las dos reuniones".
Pero Bielsa advirtió que "el problema no es solamente para la República Argentina" y comentó al respecto que "hay una instancia jurisdiccional en Uruguay". Según dijo, son "los propios uruguayos [los que] tienen muchas dudas, no sobre la inversión en sí, sino sobre la tecnología que usan estas plantas papeleras".
Explicó que se trata de una tecnología que ya no se utiliza en Europa, lo que implicaría invertir más recursos.
Al mismo tiempo, el gobierno entrerriano avanzó en los preparativos de una presentación judicial del asunto tanto ante la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Internacional, según dijo ayer a LA NACION el vicegobernador, Pedro Guastavino.
Por Florencia Carbone
De la Redacción de LA NACION
La relación con Montevideo: crece la tensión diplomática
"El proyecto sigue firme", dijo Vázquez
Lo advirtió anoche a LA NACION y dijo que la instalación de las dos plantas generará inversiones y muchos puestos de trabajo
* Gargano señaló que no integrarán una comisión mixta con nuestro país si no se retira la impugnación ante el Banco Mundial
* Insinúan que hay un componente electoral
MONTEVIDEO.- El presidente Tabaré Vázquez advirtió anoche a LA NACION que los proyectos de instalación de las dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay "siguen firmes" y que son inversiones extraordinarias que generan muchos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, dijo que no mantuvo ningún contacto con su colega Néstor Kirchner para intentar una solución para el conflicto entre ambos países.
Vázquez accedió a hablar con LA NACION poco antes de entrar en el estudio de TV del Canal 10 para hablar en el programa "Será posible".
Allí también habló del tema: dijo que el Banco Mundial tiene una "posición favorable a Uruguay", que "están todos los estudios ambientales para el que los quiera ver", que el tema pasa "por demostrarle a nuestros hermanos argentinos" que están todas las garantías para controlar la contaminación, y, por último, que "Finlandia es el país que más cuida el medio ambiente y acá van a usar esa misma tecnología".
Por su parte, el canciller Reinaldo Gargano y el viceministro de Medio Ambiente, Jaime Igorra, no ocultaron su malestar ante el conflicto.
El primero negó que un conflicto diplomático con la Argentina, pero dijo que el proyecto "no tiene marcha atrás", mientras que el segundo insinuó que la protesta argentina se debe a que el gobierno de Kirchner prefiere que las plantas se instalen en su país.
Gargano aseguró a la agencia ANSA que que su gobierno no aceptará conformar la comisión técnica mixta bilateral de estudio ambiental hasta que la Argentina no retire la impugnación ante el Banco Mundial.
No obstante, se mostró dispuesto al diálogo con las autoridades argentinas en la medida en que esa opción "es la única alternativa para salir de la situación", que tomó, según destacó, "una dimensión crítica".
El diferendo entre Uruguay y la Argentina se convirtió ayer en el principal tema informativo en este país y promovió comentarios sobre los motivos por los cuales desde Buenos Aires había resurgido la polémica.
La respuesta de varios dirigentes políticos es que las primeras protestas coincidieron con las elecciones para gobernador de Entre Ríos y esta "segunda ola" aparece en los meses previos a los comicios legislativos.
En la cancillería local afirman que no puede haber preocupación por el impacto ambiental porque Uruguay está siendo exigente con los controles y que los únicos motivos de la protesta pueden ser para dar mensajes internos en la campaña electoral.
El embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, negó que su país quisiera llevar las inversiones al otro lado del río y minimizó el enojo de su gobierno, aunque reconoció que existe molestia porque una comisión bilateral acordada entre Kirchner y Vázquez aún no empezó a trabajar.
Fuentes del gobierno uruguayo dijeron a LA NACION que un día después de que el representante del Banco Mundial (BM), Dimitris Tsitsiragos, se reunió en Buenos Aires con autoridades argentinas, estuvo en Montevideo para analizar los proyectos. Se reunió con el canciller Gargano; el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, y el ministro de Economía, Danilo Astori, tres de las principales figuras del gobierno de Vázquez. Allí quedó en claro que los proyectos seguirán su camino y que el Banco Mundial los respaldará, según los informantes.
Sin obstáculos
Fuentes del BM dijeron a LA NACION que es difícil que la Argentina pueda bloquear la participación de ese organismo porque en el directorio no tiene "silla propia [sino que] la comparte con Bolivia, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay", y es imposible que el gobierno de Vázquez le dé carta libre para frenar la inversión.
Al caer la tarde, el gobierno local recibió con satisfacción una declaración de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del BM, en la que valora el impacto favorable de las inversiones en la economía uruguaya, dice que seguirá trabajando en el proyecto y manifiesta que su presencia es una garantía para los controles ambientales.
Carlos Faroppa, vocero de Botnia, afirmó que su proyecto sigue avanzando y que si la Argentina bloqueara el crédito de la CFI, no alteraría las obras porque representa un escaso porcentaje de la inversión total.
"La inversión de Botnia es de US$ 1100 millones, y la de ENCE, de US$ 600 millones, por lo que no llega ni al 10% el crédito que el BM otorgaría a estos emprendimientos", dijo Igorra.
Aseguró que "la financiación fundamental proviene de recursos de bancos nórdicos de Europa" y que "el Banco Mundial está analizando un préstamo de 100 millones para Botnia y 60 millones para ENCE".
Por Nelson Fernández
Corresponsal en Uruguay de La Nacion
Hay problemas para controlar la emisión de cloro y de humo
Lo reconocen funcionarios uruguayos
* El control, en realidad, lo harán las propias plantas papeleras en Fray Bentos
* Dudan de la existencia del estudio de impacto ambiental
* Presentaciones judiciales en Montevideo
Por encima o por debajo del conflicto con Montevideo por la construcción de las dos fábricas de celulosa en Fray Bentos, existe una realidad que la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay reconoció a LA NACION: el vecino país no está en condiciones técnicas de controlar las emisiones de cloro y humo de las dos plantas por instalarse frente a las costa argentina del río Uruguay, con una inversión de 1800 millones de dólares.
Ese control lo realizarán las dos empresas que se instalarán, Botnia y ENCE, y sus países de origen: Finlandia y España, respectivamente.
Otro problema radica en que, por lo menos en las consultas realizadas en Montevideo hace dos meses por este redactor, no estaba claro si existía un estudio exhaustivo de impacto ambiental. Algún funcionario respondía que tal estudio existía. Pero en la justicia montevideana, donde el fiscal Enrique Viana ha denunciado al Estado uruguayo para paralizar las obras hasta que no haya dudas sobre la contaminación, sostenían que cada empresa hizo un estudio de impacto ambiental, pero no uno que abarcara las consecuencias del funcionamiento de las dos fábricas al mismo tiempo, ya que sólo estarán separadas por menos de 10 kilómetros.
Un planteo similar al del fiscal Viana fue el que efectuó el embajador argentino Raúl Estrada Oyuela, representante especial para Asuntos Ambientales Internacionales de la Cancillería, ante la Corporación Financiera Internacional (CFI), que depende del Banco Mundial y financiaría los proyectos en Uruguay.
Ahora, la CFI ha decidido que sin un estudio serio de impacto ambiental no habría financiamiento. Este mismo pedido le costó al fiscal Viana duros ataques del gobierno uruguayo y de algunos medios de prensa de ese país. El fiscal sostiene, además, que el visto bueno del gobierno de Tabaré Vázquez a esos proyectos choca con la Constitución uruguaya.
La prueba de que el tema ambiental es insoslayable es que Botnia no descarta que en algún momento haya que cambiar de ubicación la toma de agua sobre el río Uruguay que abastece a la ciudad de Fray Bentos. Vistas desde el Uruguay, las trabas a los proyectos constituyen un severo golpe económico y político. Ese país sólo exporta troncos y chips (trozos) de madera.
Las dos fábricas, de las cuales el proyecto de la finlandesa Botnia es el más grande y el que más ha avanzado, crearían más de 4000 puestos de trabajo y darían un fuerte impulso a la industria forestal, no sólo uruguaya sino argentina, pues también se abastecerán de maderas entrerrianas y correntinas. En Montevideo reprochan que en Misiones haya fábricas con tecnología similar, sólo que ubicadas mucho más al Norte.
Otro factor insoslayable es el compromiso del gobierno de Tabaré Vázquez con ambas fábricas. El acuerdo inicial lo forjó su antecesor, el colorado Jorge Batlle, pero Vázquez lo hizo propio y lo defiende con uñas y dientes.
Por Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION
Alerta ambiental y marcha
* El Concejo Deliberante de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú declaró ayer el "alerta ambiental" por la instalación de plantas de la Empresa Nacional de Celulosa (ENCE) de España y de la compañía finlandesa Botnia en las afueras de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, frente a la costa argentina. Por otra parte, la asamblea ambiental de Fray Bentos convocó ayer a una marcha para el 22 del actual en rechazo de la instalación de las plantas y unirán caminando Fray Bentos con Montevideo.
Causó sorpresa un comunicado de la CFI
Se refiere al estudio de impacto ambiental
Ayer, en las redacciones de los medios uruguayos se recibió un comunicado de la Confederación Financiera Internacional (CFI), que depende del Banco Mundial (BM). El escrito incluyó algunas definiciones "llamativas" para los funcionarios argentinos consultados anoche por LA NACION.
"La Corporación Financiera Internacional aún está trabajando en el proceso de evaluación de dos proyectos de inversión propuestos en plantas de celulosa en Uruguay, con ENCE, de España, y Botnia, de Finlandia. Como institución de desarrollo, CFI reconoce plenamente los beneficios económicos sustanciales que ambos proyectos pueden generar para la economía de Uruguay, y valora la importancia que el gobierno y la sociedad de este país les han otorgado. Como parte del proceso normal de evaluación de proyectos de esta institución, CFI está planeando, con el apoyo del gobierno de Uruguay, un estudio sobre el impacto acumulado de las plantas. CFI informará al gobierno de la Argentina sobre los resultados del estudio, de acuerdo a lo estipulado en los lineamientos de la Corporación. CFI está considerado como líder mundial en estándares medio ambientales y sociales para el sector privado en mercados emergentes, y está comprometido a trabajar con sus clientes bajo los estándares más altos", decía el comunicado.
El contenido es "muy distinto" de la carta que la CFI envió al gobierno argentino la semana última, según funcionarios del Palacio San Martín. "Es llamativo el cambio. Habían dejado en claro que la CFI haría el estudio de impacto ambiental y que luego lo compararían con el trabajo de la comisión mixta que argentinos y uruguayos debíamos formar", dijo uno de los negociadores argentinos.
El comunicado fue interpretado como "una picardía" del gobierno uruguayo tras las gestiones argentinas ante los organismos de crédito internacional.
La Nacion
ENTRE RIOS LLEVARA EL CASO A LA CORTE (16/07)(Clarin)
Todo indica que vamos a seguir el camino judicial ante los tribunales internacionales y desde la provincia de Entre Ríos vamos a presentar una demanda concreta contra el gobierno uruguayo en la Corte Suprema de Justicia". El vicegobernador entrerriano a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, Pedro Guillermo Guastavino, definió así ayer la posición de su gobierno frente a la postura uruguaya de continuar con la instalación de dos mega fábricas de pasta celulósica en Fray Bentos, frente a las costas entrerrianas.
La comunidad más afectada de este lado de la costa será Gualeguaychú. Los vecinos vienen realizando diferentes reclamos y actividades desde octubre de 2003. La lista de acciones es larga. Ellos han cortado ruta y hecho volanteadas. Unas 40 mil personas marcharon el 30 de abril de este año sobre el puente internacional Gualeguaychú—Fray Bentos en contra de las plantas pasteras. Además, el Concejo Deliberante declaró meses atrás el "alerta ambiental" en la ciudad. También se realizó un escrache contra el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, cuando estuvo de visita en Buenos Aires.
La ciudad se movilizó de tal forma que varias cadenas de mails provocaron que el tema logre trascender. Hubo charlas, pintadas de banderas y conciertos callejeros. Se enviaron cartas documento a la Cancillería argentina y a Rafael Bielsa para reclamar por la lentitud e "inacción de ese organismo", se operó y presionó ante los gobiernos provincial y nacional. Y, además, se formó una Asamblea Ambiental, la que se reúne dos veces por semana.
Incluso, en mayo, esta Asamblea propuso —y luego desechó la idea— exigir el retiro del consulado uruguayo de Gualeguaychú.
La acción de los vecinos fue la que presionó por la intervención del gobierno argentino. Ahora, planean nuevos cortes de ruta junto al puente internacional durante las vacaciones de invierno. El día 22 de julio habrá una marcha desde Fray Bentos hacia Montevideo organizada por vecinos fraybentinos de la que participará Gualeguaychú, finalizando con un gran acto en la capital uruguaya; y enviarán cartas a organismos internacionales de financiamiento, pidiéndoles que no otorguen los créditos que han solicitado Botnia y ENCE.
Además, ayer por la tarde, dos integrantes de la Asamblea Ambiental viajaron a Buenos Aires para contactarse con especialistas en derecho ambiental.
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