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Título: OPINION: Los turbulentos conflictos por el agua en la región ..
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Argentina - 25/01/2005
Sin llegar al mismo nivel de conflictividad, la firma Lyonnaise des Eaux lleva adelante en la Argentina un reclamo ante el tribunal arbitral del Banco Mundial
Jorge O. Lewinger
La reciente rescisión en Bolivia del contrato de provisión de agua a La Paz y su vecina ciudad de El Alto a la compañía francesa Lyonnaise des Eaux, así como el diferendo planteado en el mismo servicio público en Uruguay muestran la alta conflictividad que presenta el sector en la región.
El rompimiento ocurrido hace unos días del contrato con Aguas de Illimani, subsidiaria de la empresa francesa Lyonnaise des Eaux, por parte del gobierno boliviano del presidente Carlos Mesa, se suma a una serie de rescisiones y conflictos internacionales en el sector.
En la misma Bolivia, la rebelión popular que se conoció como la “guerra del gas” en octubre pasado, que obligó a renunciar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fue precedida tres años antes por la “guerra del agua” en Cochabamba, otra pueblada que forzó el rompimiento del contrato con la estadounidense Bechtel.
EL MERCADO DEL AGUA. Sin llegar al mismo nivel de conflictividad, la firma Lyonnaise des Eaux lleva adelante en la Argentina un reclamo ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el CIADI, tras la devaluación de principios de 2002, a lo que suma una demanda por incrementos tarifarios.
Lyonnaise des Eaux y Vivendi-Générale des Eaux son dos grandes multinacionales francesas que actualmente controlan el 40 % del mercado mundial del agua, según datos de Le Monde Diplomatique (mayo del 2002), y venden sus servicios a más de 100 países.
Anteriormente, la concesionaria de aguas de Buenos Aires, Azurix, subsidiaria de la norteamericana Enron, rompió su contrato con la provincia luego de un prolongado conflicto por incumplimientos reclamados por el Estado.
El plebiscito uruguayo sobre el agua, que se realizó conjuntamente con los comicios del 31 de octubre pasado, en los que fue electo presidente el frenteamplista Tabaré Vázquez, aprobó que ese servicio básico sea indelegablemente público.
En ese marco Uragua, empresa controlada por dos empresas españolas, planteó que romperá su contrato de concesión, lo que planteó el debate en relación a si debe ser o no indemnizada.
La senadora electa por el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), Marina Arismendi, afirmó que “el contrato de Uragua cae no por el mandato constitucional (del plebiscito) sino por inclumplimientos por los cuales ya se tendrían que haber tomado medidas para hacerles pagar”.
EN URUGUAY. Una situación parecida se da con Aguas de la Costa, que cubre la región uruguaya entre Manantiales y José Ignacio y pertenece a la filial Aguas de Barcelona, subsidiaria a su vez de Lyonnaise des Eauxs, y que opera también con “cifras disparatadas”, según dijo la sindicalista Adriana Marquisio.
En febrero del año pasado el propio Banco Mundial reconoció que el tema de la incorporación de entidades transnacionales en los servicios de agua “no ha sido precisamente un éxito”, según dijo el viceministro boliviano de Servicios Básicos, José Barragán.
“Creo que éste (la terminación del contrato con Aguas del Illimani) es un evento que era previsible y que está en una lógica que está sucediendo a nivel internacional. Por tanto no debería generar demasiado temor”, declaró Barragán a la agencia Bolpress.
Cerca de 200.000 habitantes de El Alto, la ciudad más pobre de Bolivia, no podían acceder al servicio de agua potable y alcantarillado porque viven en zonas que están al margen del contrato de concesión que la firma francesa no aceptó modificar, determinando al gobierno a decidir la caducidad.
Barragán aseguró que sería “especular” hablar sobre un posible monto de indemnización en estos momentos, ya que el Estado actuó en el marco de la ley y ahora busca la rescisión de mutuo acuerdo.
El gobierno propone una rescisión pactada del contrato para evitar demandas, pero anticipó que no habrá indemnización porque la mayor parte de las inversiones que se atribuye la compañía provienen de créditos de organismos multilaterales que pagan los propios vecinos en las facturas.
Después de haber logrado que Mesa rescinda el contrato de provisión de agua, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) festejó su triunfo con una masiva marcha a la histórica plaza San Francisco de La Paz, junto a la sede del gobierno.
En abril de 2000, la empresa Aguas del Tunari, subsidiaría de la transnacional Bechtel, ya había sido expulsada de Bolivia por una insurrección popular detonada por una fuerte suba de las tarifas de ese servicio público.
Un lustro mas tarde, otra movilización social obligó al gobierno boliviano a terminar con el contrato de la francesa Aguas de Illimani.
El Diario de Parana |
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