Título: RIO NEGRO: LEGISLADORES EXIGEN QUE SE CUMPLA CON EL REGLAMENTO (18/10)(ADN)
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Argentina - 18/10/2006
Corresponde respetar lo establecido en el artículo 8° del Reglamento Interno de la Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, en lo atinente a las condiciones que deben reunir los representantes de esas jurisdicciones en el Comité Ejecutivo.
Viedma.- Los legisladores Adrián Torres y Jorge Pascual (Alianza Concertación), mediante un proyecto de comunicación, expresan al gobernador rionegrino Miguel Saiz y al ministro del Interior de la Nación, “que corresponde respetar lo establecido en el artículo 8° del Reglamento Interno de la Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, en lo atinente a las condiciones que deben reunir los representantes de esas jurisdicciones en el Comité Ejecutivo”.
En el mismo documento indican a los gobernadores de las provincias signatarias del Tratado y al ministro del Interior, “que resulta necesaria la realización de una reunión del Consejo de Gobierno para definir las políticas a seguir” respecto del “manejo de nuestros recursos hídricos compartidos y la defensa de nuestros intereses frente a los inconvenientes que pudieran ocasionarse por priorizar en la cuenca la generación hidroeléctrica para hacer frente a la crisis energética nacional”.
Torres y Pacual hacen extensivo el documento al Departamento Provincial de Aguas para que este organismo “arbitre las acciones necesarias para el cumplimiento de lo comunicado en el artículo 1° e informe a la Comisión de Recursos Hídricos de los inconvenientes que se originan por la actual constitución del Comité Ejecutivo de la Autoridad Interjurisdicción de Cuencas”.
Por otra parte solicitan a la Fiscalía de Estado de la Provincia “que reúna la información necesaria para accionar en defensa de los intereses provinciales de persistir el incumplimiento del artículo octavo del Reglamento Interno de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
Al fundamentar su iniciativa, los legisladores oficialistas recuerdan que “la firma del Tratado Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro tiene su origen en el Acta Acuerdo suscripta el día 28 de junio de 1985 por gobernadores de las provincias de: Buenos Aires, Dr. Alejandro Armendáriz, de Neuquén, Señor Felipe Sapag, de Río Negro, Doctor Osvaldo Alvarez Guerrero y el señor Ministro del Interior, Doctor Antonio Troccoli”.
Los autores del proyecto de comunicación apuntan que “este verdadero Pacto Federal, firmado en la ciudad de Neuquén el 16 de diciembre del mismo año reafirma que las provincias detentan ‘el dominio público, inalienable e imprescriptible respecto de los ríos ‘...y establece que ‘los Estados Provinciales signatarios tienen el derecho exclusivo de reglar el uso de tales recursos hídricos a través de tratados entre todos ellos”.
Señalan que en su cláusula tercera se establece que la Autoridad “tendrá por objeto el manejo armónico, coordinado y racional del recurso, tendiendo a optimizar su uso y con ello propender al desarrollo regional” definiendo en su parte sexta que “ninguna acción de la Autoridad Interjurisdiccional podrá perjudicar la integridad territorial de los Estados signatarios”.
Pascual y Torres manifiestan que “se reconocen dos etapas claramente definidas en la historia de la A.I.C. que tienen que ver con el proceso de privatización de HIDRONOR S.A.. Antes de ello, en las distintas reuniones, se discutía cómo hacer para que esta empresa tuviera en cuenta los intereses provinciales y no afectara con la generación la economía y seguridad regional”.
“Larga y laboriosa fue la lucha para ‘torcer’ la voluntad de Nación, que lo único que le interesaba era maximizar el negocio de las empresas privadas que se hicieran cargo del complejo sin importarle lo más mínimo la región”, indican Torres y Pascual y recuerdan, entre los “múltiples ‘errores’ que contenían los pliegos, que el caudal máximo para generación en franja de operación normal era de 3200 m3/seg. y que se logró bajarlo a los 1620 m3/seg”. actuales que en cada oportunidad que se eroga se demuestra la validez de nuestro reclamo y nos cuesta imaginarnos lo que sería lidiar frecuentemente con caudales mayores” dicen los legisladores oficialistas.
Entre otros numerosos argumentos, Torres y Pascual señalan que “vista la importancia de las decisiones del Comité Ejecutivo y la claridad de las funciones y responsabilidades que le competen, vemos con honda preocupación el no cumplimiento por la Nación y la Provincia de Buenos Aires en lo atinente a los requisitos que deben reunir los representantes para evitar decisiones erróneas o a destiempo que pueden perjudicar seriamente nuestra economía y hasta poner en riesgo la vida de nuestros habitantes, en particular los neuquinos, rionegrinos y maragatos”.
“Cada jurisdicción tiene la potestad, que no discutimos en absoluto, de designar a su representante de acuerdo a su entender pero no podemos permitir que no se cumpla con las normas que regulan nuestro accionar conjunto, originando que el Comité Ejecutivo no pueda tomar las decisiones en tiempo y forma por desconocimiento técnico de alguno o varios de sus integrantes”, agregan Jorge Pascual y Adrián Torres a los fundamentos precedentes.
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