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Título: CORRIENTES:EL DEBATE POR EL FUTURO DEL IBERA DIVIDE A LOS CORRENTINOS (26/06)(Territorio Digital)
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Argentina - 26/06/2006
Algunos propietarios temen que el plan de manejo que se ha redactado para la gestión de esa reserva natural de más de 1.300.000 hectáreas obligue a la expropiación de tierras e imponga limitaciones a la producción
Los promotores del proyecto, que para concretarse necesita el aval del Gobierno Provincial, aseguran que los miedos de los vecinos son infundados
Posadas. A lo largo del trayecto que por la Ruta 40 conduce desde el extremo nordeste de Corrientes hasta Colonia Carlos Pellegrini, en el que sería el camino más rápido para llegar desde Posadas hasta esa hermosa y agreste localidad bañada por los Esteros del Iberá, un buen puñado de banderas verdes ondean reclamando la atención del viajero. Por lo común, las telas suelen estar colocadas sobre la entrada de algunas de las fincas que orillan con una carretera que, avanzando sobre el ripio y los médanos, serpentea entre las lagunas y los bañados.
El color verde constituye una especie de emblema. Una divisa elegida por los propietarios locales que adhieren una cruzada emprendida por ciertos sectores de la opinión pública correntina para mostrar su frontal rechazo a un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado con dinero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), que se puso en marcha hace ahora más de tres años con el objetivo de contribuir a la preservación de una de las áreas verdes más importantes de la Argentina: la Reserva Natural del Iberá. Una extensión que abarca alrededor de 1.300.000 hectáreas (ha.).
La causa que con indisimulada vehemencia está agitando al viento un amplio grupo integrado por pequeños agricultores y terratenientes, vinculados en su mayoría bajo el nombre de Iberá Patrimonio de los Correntinos, también está alimentada por la inquietud que entre algunos moradores de la región ha despertado una campaña de adquisición de tierras situadas dentro y fuera de los esteros que desde 1997 lleva a cabo la fundación ecologista internacional Conservation Land Trust (CLT), liderada por el millonario estadounidense Douglas Tompkins y conocida hasta la fecha por haber comprado terrenos en la Patagonia argentina y chilena que posteriormente han sido reconvertidos en espacios protegidos.
Aunque en realidad, el rechazo al proyecto del PNUD -planteado en su momento como una oportunidad para dotar al Iberá de un plan para su administración, del que carece inexplicablemente desde su nacimiento- y el recelo con el que se observan los movimientos dados por la fundación CLT han terminado por confundirse en una misma preocupación. Según ha explicado a El Territorio Ana María Moulin, miembro de Iberá Patrimonio de los Correntinos, el proyecto impulsado por Naciones Unidas (conocido como Proyecto ARG/02/G35) y ejecutado por la ong ECOS no sería más que una pantalla - “una máscara ecológica”, dice Moulin- para favorecer la presencia de la fundación liderada por Tompkins en una región que, como la de los esteros, posee un valor estratégico por la riqueza de sus recursos naturales. “No nos olvidemos que esto forma parte del Acuífero Guaraní”, señala Moulin, para quien en un planeta en el que el agua se convierte en un recurso cada vez más escaso no sería nada descabellado pensar en que las naciones, en esta ocasión Estados Unidos a través de un “hombre de paja” como Tompkins, intentasen en un futuro apropiarse del líquido azul que poseen terceros países.
Más allá de ese escenario de conjuras internacionales que puede resultar más o menos creíble, a la gente de Iberá Patrimonio de los Correntinos lo que sí parece quitarles el sueño son amenazas -siempre conforme a su versión de los hechos- que aparecen como más reales. O al menos, más inmediatas.
Recalificación de propiedades
De acuerdo a lo expuesto por algunos de sus miembros en una reunión mantenida con este diario en San Miguel, uno de los siete municipios que caen dentro de la Reserva Provincial del Iberá, su principal quebradero de cabeza radica en el temor a que, en el supuesto de que avance el Plan de Manejo elaborado por Ecos -para que se entienda: algo así como un manual de instrucciones que detalla cómo debe gestionarse ese privilegiado espacio verde, qué puede hacerse dentro de sus límites y qué cosas no, cuáles serían sus áreas intangibles…-, en ese supuesto una importante proporción de tierras que ahora tienen un uso productivo deban tornarse improductivas para garantizar así la correcta preservación de la biodiversidad de los esteros. Se malician además de que esa recalificación -que nunca con anterioridad se había planteado por el simple hecho de que la Reserva del Iberá fue constituida sin que en ningún momento las autoridades correntinas se preocuparan en darle un reglamento jurídico; de ahí la oportunidad de un proyecto como el del PNUD- acarree una merma en el valor de los terrenos que caen dentro de su trazado. Depreciación ésta que facilitaría -y es aquí hacia donde, siguiendo una lógica circular, se dirigen las denuncias que de “pérdida de soberanía” hacen desde Iberá Patrimonio de los Correntinos- la compra de propiedades por grupos que, como la fundación extranjera CLT, podrían estar yendo en contra de los intereses de la provincia.
El futuro del Iberá, uno de los espacios naturales más importantes en términos de biodiversidad de la Argentina gracias a las 1.600 especies vegetales y a las 628 especies de vertebrados que habitan en sus terrenos, que por dejación de las administraciones provinciales sigue sin tener sus límites claros a más 20 años de su creación, ha dado pie a un intenso clima de controversia en la vecina Corrientes.
Entre acusaciones cruzadas y un ambiente de desinformación muy llamativo, propietarios de terrenos, productores ganaderos y forestales, ecologistas, legisladores y funcionarios públicos se han enzarzado en un acalorado debate sin que parezca factible que a corto plazo se llegue a un entendimiento entre los actores implicados. Sin embargo, una cabal reconstrucción de los hechos debería ayudar a delimitar hasta qué punto son fundados los temores de aquellos vecinos y productores -temores a los que hay que sumar la inquietud por el porvenir de los habitantes tradicionales de los esteros, los antiguos mariscadores- que legítimamente miran por sus dominios y tratan de pelear por la prosperidad de sus familias. Los miedos de todas aquellas personas que, por un más que comprensible apego a la tierra o por simple patriotismo, ponen gran celo en que las lagunas, las marismas y los bosques conocidos como el Iberá sigan siendo -como pretenden voces como la de Ana María Moulin- un “patrimonio” no solo de los correntinos sino también de todos los argentinos.
Existe, para empezar, un asunto clave que debería ayudar a disipar, o cuando menos a reducir, el alcance de ciertas preocupaciones. Cualesquiera que sean las acciones que se planeen llevar a cabo en este importante reservorio natural, ninguna de ellas podría prosperar sin que el Gobierno de Corrientes, la única instancia con competencia para decidir sobre una reserva que desde su constitución en 1983 tiene estatuto provincial, brinde su apoyo a la iniciativa. “El proyecto del PNUD no es más que eso: un simple proyecto”, señala Josefina Ruiz Pérez, asesora del Ministerio de Producción del Gobierno de Corrientes, al tiempo que descarta que el ejecutivo correntino pueda verse obligado a llevar adelante el Plan de Manejo del Iberá, que es el documento en el que se concretan los resultados del exhaustivo trabajo de campo realizado por Ecos. “No es vinculante”, señala tajantemente Pérez Ruiz. Las declaraciones que hacen desde el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, también deberían ayudar a rebajar la tensión. “No se va a alentar ningún plan que atente contra la producción o la propiedad”, asegura Mario Rujana, el titular del ente al que compete la autoridad hídrica y ambiental de Corrientes.
Un plan para ser discutido
“El plan es un instrumento que las autoridades provinciales pueden decidir llevar a la práctica o guardar en un cajón”, explica por su parte Miguel Reynal, director de Ecos. Reynal, un militante ecologista de reconocida trayectoria internacional, fundador de Vida Silvestre, la decana de las organizaciones medioambientales argentinas, agrega para calmar los ánimos que una eventual aplicación de ese plan en el que han participado más de una cincuentena de especialistas, la mayoría de ellos correntinos, exigiría previamente su discusión y análisis por el ejecutivo de Corrientes y una sanción dada por representantes de la sociedad civil de la provincia. “Ellos deberán valorar si es oportuno y si es idóneo”, agrega Reynal, al tiempo que señala que el temor a que el “manual de gestión del Iberá” -de gran “excelencia técnica”, según su opinión- plantee la conveniencia de expropiar terrenos es injustificado. “Eso es lisa y llanamente falso”, asegura Reynal. “A la gente de las banderas les han convencido de que les van a expropiar”, comenta. “El mecanismo de expropiación no puede hacerse al libre arbitrio. Hay un largo camino antes de llegar a una decisión semejante”, tercia Pérez Ruiz.
Tampoco parece ser demasiado consistente la hipótesis de que el proyecto del PNUD, que fue iniciado con el apoyo de la Cancillería, podría haber proporcionado una “coartada” para ayudar a la compra de tierras por parte de CLT. No desde luego si se toman por buenas las alegaciones formuladas por las entidades implicadas en un proyecto que hay quien opina -justificadamente quizá- no se ha sabido divulgar con la claridad deseable para un tema tan espinoso. Según han señalado a El Territorio desde la Oficina para Argentina del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, esa interpretación -que ha negado reiteradamente el propio Tompkins insistiendo en que no hay ningún papel que lo comprometa y sí mucho de mala fe- sólo habría tomado cuerpo por un equívoco propiciado por la mención, en uno de los borradores del Proyecto PNUD Arg/02/35, de la campaña de adquisición de tierras de la fundación encabezada por el magnate norteamericano. Una alusión a la que sus detractores, en una actitud muy comprensible, se confían para cuestionar todo el proceso.
Allí, en blanco sobre negro, se leía que el proyecto se elaboró teniendo en cuenta que -siempre con vistas a la preservación del Iberá- se presentaba “una oportunidad única para aprovechar los recursos de un grupo de conservación internacional”, en referencia a la fundación de Tompkins, la cual estaría interesada en hacerse con tierras privadas dentro del área protegida para ponerlas después bajo un riguroso control de conservación. Se entendía que esa transacción debía servir, vistos los antecedentes que hablan del empeño conservacionista de CLT, que ha contribuido con donaciones al establecimiento de una reserva en la provincia de Santa Cruz -y del misionero Parque Provincial de El Piñalito, sin ir más lejos-, para reforzar la voluntad de preservar el valioso patrimonio natural ibereño. Congruentemente, en los documentos del PNUD se especificaba que una vez que el proyecto propuesto hubiese implementado con éxito una estrategia “abarcativa” para la conservación del Iberá, que contase con el apoyo local, estas tierras se otorgarían “a la agencia de conservación provincial o nacional correspondiente, colocando así a todo el ecosistema de los humedales del Iberá y su biodiversidad bajo un régimen de conservación”.
Según ha explicado Reynal, que fue quien originariamente presentó el proyecto al Fondo Mundial para el Medio Ambiente, la mención expresa a CLT se incluyó porque “en los programas GEF se exige saber si hay otras inversiones involucradas en la conservación de la biodiversidad del ecosistema”. “La inversión en tierras para su donación que hacía Conservation Land Trust contribuía a este requerimiento de carácter enunciativo”, añade Reynal mientras puntualiza que dicha mención no entrañaba ningún tipo de obligatoriedad.
La condición de Tompkins de confinanciador del proyecto con más de 9 millones de dólares -expresión “poco afortunada”, según el propio Reynal- figuraba entonces en los papeles “a modo de simple diagnóstico”, “para que quedase claro que el GEF no era el único interesado en preservar los esteros del Iberá”. La vinculación de Tompkins con el proyecto se habría planteado, de acuerdo con Daniel Tomasini, Coordinador del área de Medio Ambiente del PNUD-Argentina, para mostrar que “había otros actores interesados en los objetivos que perseguía el proyecto”. “Para que un proyecto sea aprobado por el GEF debe haber una contraparte”, apunta Tomasini.
La campaña de Douglas Tompkins
El episodio menos comprensible de todo el “culebrón”, al menos para quienes no están familiarizados con la compleja burocracia de las organizaciones multilaterales, radica en este detalle. A pesar de figurar en la letra del documento que articulaba el Proyecto PNUD Arg/02/35, Douglas Tompkins ha negado en varias ocasiones cualquier relación con el mismo. La última vez, en una visita a la Legislatura de Corrientes que el filántropo -que posee alrededor de 150.000 hectáreas incluidas dentro de la Reserva y 100.000 más fuera de sus perímetro, en las cuales ha iniciado emprendimientos turísticos, forestales y ganaderos- hizo para aclarar las circunstancias de su llegada a la provincia en 1997 y explicitar las razones que le han movido a comprar fincas en los alrededores del Iberá. (Según su testimonio, las compras estarían relacionadas con la campaña ecologista que impulsa y que persigue -tal como hizo en el caso del chileno Parque Pumalín y el santacruceño Monte León- establecer en el subcontinente austral amplias posesiones en reservorios naturales gobernados bajo un régimen que impida aquellas actividades que ponen en peligro el medio ambiente).
“Nuestra participación ha sido como la de todos los actores de la cuenca del Iberá, de tener la oportunidad de rever el borrador del plan y comentarlo. Esto ha sido un foro público y como cualquier otro actor estamos interesados en saber en qué consiste el plan. No estuvimos de acuerdo en muchos puntos del borrador inicial, pero entendemos que puede tener cambios y correcciones”, ha manifestado a El Territorio Tompkins en una entrevista vía mail, sin aclarar, no obstante, el hecho de que la presidenta actual de ECOS, María Leichner, haya sido anteriormente presidenta de Agropecuaria S.A., una sociedad que está dentro de la órbita de Conservation Land Trust Argentina. “No tenemos ninguna relación, aunque estamos los dos en involucrados en temas de conservación. Es como Coca y Pepsi: las dos en el mismo negocio pero enteramente diferentes”, ha asegurado el filántropo.
Ante las suspicacias que entre algunas personas alimenta el que una asociación extranjera como la suya se dedique a comprar tierras con vistas a su conservación, el modus operandi que distingue a CLT, Tompkins da una respuesta sencilla. “La propiedad privada comprada o vendida por cualquiera es un derecho en Argentina. Hasta que esto cambie, siempre podrá haber extranjeros y argentinos del ámbito privado listos para comprar tierras para la conservación. Sería injusto para cualquier dueño de tierra convertirlo en víctima por poseer tierras…”, ha señalado en la misma entrevista el millonario.
“Lo insólito aquí -continúa el estadounidense para cargarse de razones- es que, desde el punto de vista conservacionista, los miembros de la sociedad se benefician si interesados privados compran tierras para conservación y luego las donan a la provincia o la nación”, ha argumentado Tompkins para admitir a continuación, saliendo al paso a ciertos cuestionamientos que intentan persuadir a la opinión pública de lo contrario, que podría ser factible que CLT efectuase una cesión de terrenos a Corrientes.
“Si las condiciones son apropiadas, en el futuro CLT ciertamente consideraría una donación para la creación de un nuevo parque”. “Los intereses de la fundación son de conservación a largo plazo bajo algún tipo de régimen gubernamental, sea nacional o provincial”, ha reiterado.
Difusión de los resultados
A punto de cumplirse a fin de junio el plazo estipulado para la ejecución del proyecto del PNUD, que ha contado con un presupuesto cercano al millón de dólares, la ong Ecos comenzará a repartir esta semana 500 copias del controvertido Plan de Manejo. Según indica Reynal, con la difusión de los resultados de una pesquisa que ha durado tres años se abre una instancia de discusión entre todos los interlocutores -propietarios, productores, sociedad civil, municipios y ejecutivo- para “discutirlo y mejorarlo”. Allí habrá tiempo de valorar “su idoneidad”.
¿Qué va a pasar con los moradores -106 según el relevamiento que ha efectuado el estudio técnico de Ecos-, que era otra de las grandes inquietudes que los representantes de Iberá Patrimonio de los Correntinos transmitieron a este diario? El plan, al que ha accedido El Territorrio, los tiene en cuenta. Al menos sobre el papel. “El acervo cultural de estos grupos humanos que habitan en el estero es considerado patrimonio cultural del Iberá y su conservación queda establecida como una prioridad”, puede leerse en el texto. “Los habitantes de los esteros debidamente acreditados gozarán de ciertos beneficios exclusivos tendientes a permitir el mantenimiento de su economía de subsistencia y mejorar sus condiciones de vida en los esteros”.
Una guía para la gestión de los esteros
Desde su constitución en 1983, la Reserva del Iberá carece de límites definidos. Por ello, el Plan de Manejo del Iberá redactado por la ong Ecos propone que el área protegida se extienda hasta las 1.386.200 hectáreas (ha.).
La propuesta, según ha explicado el director de Ecos Miguel Reynal, es que toda el área se divida en dos zonas: 519.995 ha. para el Parque Provincial Natural del Iberá (un espacio de intangibilidad total) y 866.208 para la Reserva Natural Provincial del Iberá (un espacio con restricciones a la actividad productiva que deberán ser discutidos). Del total de esa superficie, 535.056 ha. corresponden a tierras fiscales y 849.817 ha. a tierras privadas.
Un plan de manejo -según explica el trabajo técnico elaborado dentro del Proyecto PNUD ARG/02/G35- es una herramienta fundamental para el buen desempeño y administración de un área protegida. Permite consensuar y trazar sus objetivos, prever sus necesidades, delinear estrategias y planes de acción concretos, ordenados y previsibles. Todo lo cual auspicia una mejor concentración de energías para su desarrollo y un más eficiente empleo de los recursos disponibles, que muchas veces constituyen un factor limitante.
Un millonario en el centro de la polémica
La campaña de adquisición de tierras emprendida por Conservation Land Trust tiene a su mentor, Douglas Tompkins, en el ojo del huracán. En el cuestionamiento permanente al que se somete al magnate estadounidense, en ocasiones con una inusual acritud por parte de algunos medios de comunicación correntinos, siempre afloran las mismas denuncias. Se le acusa -lo hacen entre otros, los miembros de la fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos- de haber cerrado, dentro de sus propiedades, rutas reales y servidumbres de paso, una acción con la que estaría lesionando los derechos de propietarios de terrenos colindantes. Se dice además que por iniciativa suya se produjo el cierre irregular y demolición de la Escuela Primaria Nº 357 4tª "E" de Ituzaingó, situada aparentemente en uno de sus campos. Se dice que antiguos moradores del Iberá que ocupaban terrenos dentro de las propiedades adquiridas por Tompkins tuvieron que salir de los campos. Éstas son las respuestas que, en su descargo, el filántropo remitió a El Territorio.
“Hasta donde puedo decir, nuestra organización cumple todas las normas o servidumbres y derecho de paso que la ley describe. Si hemos cometido algún error en algún lugar, estamos totalmente dispuestos a cambiarlo. Hasta ahora hemos escuchado todo tipo de cosas desde parte de Iberá Patrimonio de los Correntinos, pero nada con un verdadero sustento. Parece que están creando una gran cortina de humo”.
“La escuela en cuestión era una escuela trucha que nunca se terminó de construir correctamente. Y dicho por las mismas autoridades, servía como acopiadero de cueros. Fue construida en las tierras cuyos dueños nunca cedieron el terreno. Y por todo lo que pudimos ver, no fue más que una estafa a la provincia. Ofrecimos en su momento desmantelar las cuatro paredes que quedaban en pie, sin techo, para reconstruir una escuela en algún lugar donde realmente hubiera alumnos. Recientemente volvimos al Ministerio de Educación a preguntar por qué nunca siguieron el tema ni nos dijeron dónde necesitaban reparaciones de escuelas u otras. Ahora parece que van a hacer lugar a nuestra oferta de hace más de cinco años atrás”.
“En lugar de estas acusaciones verbales, los miembros de Iberá Patrimonio de los Correntinos deberían presentar denuncias concretas en los tribunales y nosotros estaremos felices de contestarles. Hasta donde sabemos, y nuestros abogados y escribanos meticulosamente chequearon los títulos antes de que compráramos las tierras, no existía ninguna de esas situaciones. Por supuesto nuestros abogados y escribanos pudieron haber cometido un error. Si eso fuera cierto, necesitaríamos ver en términos concretos cuáles fueron esos errores. Humo no es lo que necesitamos aquí, necesitamos documentos que prueben los hechos y que sean verificados por la autoridad de aplicación de las leyes”.
Sergio Sotelo
Fuente: Territoriodigital.com.ar
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