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Título: URUGUAY: EL PODER EJECUTIVO NO PRESENTARA PROYECTO DE REFORMA PARA EL AGUA (09/04) (Fuente:Expectador)
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Uruguay - 09/04/2005
El Poder Ejecutivo no presentará finalmente un proyecto de ley para reglamentar la reforma constitucional del agua. Las autoridades mantendrán los vínculos comerciales con las empresas que prestan el servicio de agua y saneamiento, siempre y cuando cumplan con los contratos.
El Poder Ejecutivo no presentará finalmente un proyecto de ley para reglamentar la reforma constitucional del agua. Las autoridades mantendrán los vínculos comerciales con las empresas que prestan el servicio de agua y saneamiento, siempre y cuando cumplan con los contratos.
La enmienda, aprobada el 31 de octubre, fue motivo de varias interpretaciones. Durante la campaña electoral, el actual ministro de Economía, Danilo Astori, había anunciado que se presentaría un documento para reglamentar la norma.
El texto aprobado por la ciudadanía señala que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
En total, son 14 las empresas privadas que prestan esos servicios en todo el país. Las más importantes son: Uragua y Aguas de la Costa en Maldonado y Aguas del Pinar en Canelones.
Este sábado, el director general de Secretaría del Ministerio de Vivienda, Pedro Apesteguía, confirmó que el gobierno no presentará ningún proyecto interpretativo. "Respetaremos lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez antes de los comicios", dijo el funcionario.
"El presidente de la República, fue claro durante su campaña de que la reforma era clara por sí misma y que no necesitaba mayores aclaraciones. Siempre se ha dicho que la reforma no es retroactiva y, por otro lado, que los contratos permanecen vigentes, pero deben ser cumplidos por las empresas concesionarias", señaló el director general.
Sin embargo, Apesteguía reconoció que, por efecto de la reforma constitucional, el gobierno tendrá que reformar algunas normas. Entre otras citó algunos artículos del Código de Aguas.
"Lo que debe ser atendido son las nuevas normas que tienen que regir la utilización del agua a la luz de la reforma constitucional. Una tarea para este gobierno será revisar algunos contenidos del Código de Aguas y algunas normas que regulan la operación en el sector que la reforma constitucional establece que deberá ser prestada y operada por el Estado", indicó.
El director de Secretaría del Ministerio de Vivienda, descartó que el gobierno haya tomado la decisión de no reglamentar la reforma por el anuncio de la Comisión de Defensa del Agua y de la Vida de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Dijo que simplemente se respetará el pronunciamiento de la ciudadanía que "ha sido claro", según afirmó.
De todas maneras, Apesteguía reconoció que el tema de la vigencia o no de los contratos ha enfrentado al gobierno con las organizaciones que conforman la Comisión. Y sostuvo que "siempre hay lugares para manifestar las opiniones contrarias a una decisión oficial".
"Siempre que alguien toma una resolución, hay alguien que tiene una opinión contraria. Nuestro sistema de gobierno permite que cada uno recorra los caminos de negociación, pero también jurídicos y legales, para dilucidar cuando hay una discrepancia", aseguró.
Desde la Comisión, se considera que la decisión de no presentar una ley reglamentaria es "un buen paso".
Pero de todas maneras, Adriana Marquisio, representante del grupo, dijo que seguirán haciendo los máximos esfuerzos para que estos servicios sean prestados por el Estado.
"Esto de no colocar una ley reglamentaria, que a nuestro criterio es interpretativa, es un buen paso que da posibilidades. Por ejemplo, Uragua ya está comunicada oficialmente de que incumplió y que debe rescindir el contrato; y se va camino a esa rescisión. El tema de Aguas de la Costa y Aguas del Pinar, por el cumplimiento que se debe dar al marco constitucional, también entendemos que va a tener su revisión. Como comisión nacional en defensa del agua y de la vida y como representantes del pueblo que promovió la reforma constitucional, seguiremos trabajando para que se cumpla la recuperación de estos servicios en manos de personas jurídicas estatales", explicó.
Marquisio reconoció que el caso de Uragua es el más claro que, seguramente, terminará con una rescisión del contrato.
Sin embargo, insistió en que el Estado debe seguir el mismo camino con el resto de las empresas, en particular, con Aguas de la Costa.
"Aguas de la Costa ha incumplido tanto o igual que Uragua. El problema es que el contrato no establece en sus cláusulas la misma particularidad que tiene el contrato de Uragua. Hay que hacer un poco de memoria de lo que es Agua de la Costa, es una empresa creada con un contrato que establece una concesión a 25 años que no paga canon al Estado, quien no tiene modo de controlarle la fijación tarifaria. Actualmente, cobra 700% más de tarifa (de lo que se hace en) el resto del país. A su vez, ha tenido problemas de impacto medioambiental (...). Veremos cómo sigue el gobierno en esta historia, pero la Comisión va a seguir insistiendo en que se de cumplimiento, porque estas empresas están operando en forma inconstitucional", explicó Marquisio.
Fuente:Expectador |
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