 |
|
Título: CHILE: PARTICIPACION CIUDADANA EN MEDIO AMBIENTE (Fuente:Radio Universidad de Chile)
|
Chile - 16/04/2005
Participación ciudadana en medio ambiente: ¿Quién tiene la última palabra?
por Sohad Houssein.
Periodista del Foro Ciudadano
Publicado el 15-04-2005
La Ley de Base de Medio Ambiente establece la participación ciudadana durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, hasta antes de la resolución, para evitar conflictos con las comunidades, pero una vez que un proyecto se aprueba ya no se aceptan intervenciones.
Hace algunas semanas un correo electrónico que se difundió como la pólvora advertía los impactos en el medio ambiente que tendría el Proyecto Pascua Lama, una mina a rajo abierto de oro, plata y cobre que la internacional Barrick Gold Corporation comenzará a instalar entre Chile y Argentina - a 150 km. de Vallenar en plena cordillera de Los Andes– en enero de 2006. Los vecinos de los valles de la Provincia de Huasco y agrupaciones de la sociedad civil no tardaron en oponerse. Argumentan que los minerales que se quieren explotar se encuentran bajo dos glaciares milenarios que alimentan los ríos que proveen de agua a estos valles agrícolas y que, por una parte, existe un alto riesgo de contaminación de las aguas que harían insustentable el desarrollo agrícola de la zona y, por otra, que la empresa pretende “trasladar” los glaciares para alcanzar los minerales, atentando contra un patrimonio de la humanidad y terminando con las fuentes de abastecimiento de agua, elemento que en un futuro cercano se prevé más valioso que el oro.
El correo electrónico fue sólo la punta de iceberg. La ciudadanía se organizó y comenzaron las reuniones, marchas y protestas, le enviaron una carta al Presidente Lagos explicándole que la actividad agrícola de la zona era sustentable, pero incompatible con la industria minera, incluso, el tema llegó a manos de políticos: Fulvio Rossi (PS) y Guido Girardi (PPD), presentaron públicamente sus objeciones al proyecto.
Pero, más allá del caso específico de Pascua Lama, cabe preguntarse qué papel juega la ciudadanía en las decisiones sobre proyectos de alto impacto ambiental. De acuerdo a Paola Vasconi de la Fundación Terram, “debiera tener un rol proactivo y constructivo a fin de garantizar que los ecosistemas no se vean deteriorados y que su actividad sociocultural y económica se siga desarrollando tal cual o mejore de manera sustentable (…) A pesar que hay mecanismos y buena voluntad, en la práctica eso no ha asegurado que el rol de la ciudadanía pueda jugar en su beneficio. Difícilmente si los proyectos ya están estructurados y diseñados, la ciudadanía va a lograr cambios importantes que la beneficien”.
La Ley de Base de Medio Ambiente establece la participación ciudadana durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, hasta antes de la resolución, para evitar conflictos con las comunidades, pero una vez que un proyecto se aprueba ya no se aceptan intervenciones.
“Si bien es cierto que la Ley de Medio Ambiente lleva diez años preguntando a la ciudadanía en materias medioambientales (…) establece que la participación ciudadana es consultiva, por lo tanto la autoridad se reserva el derecho y la responsabilidad de resolver”, explica Oriana Salazar del área de gestión local y participación ciudadana de la Conama Metropolitana.
Para Jaime Dinamarca, gerente de operaciones y medio ambiente de la Sofofa, no se trata de un asunto de leyes sino de una idea errada del concepto de participación ciudadana. “El problema de la participación ciudadana en el área ambiental parte de un problema de concepción. Tengo la impresión de que los diálogos que se producen entre la autoridad, la ciudadanía y el sector industrial es un diálogo de sordos (...) Aquí no se ha abordado la discusión con honestidad y con franqueza frente a la opinión pública. La gente entiende por participación ciudadana el derecho a decidir sobre los proyectos que se pretenden desarrollar en su localidad”. Para Dinamarca, profesor de derecho ambiental, la decisión ciudadana en medio ambiente se contrapone con el derecho a realizar actividades que no sean contrarios a la ley y al medio ambiente, y que el Estado también debe garantizar. Según su experiencia, en cualquier comunidad donde se pretenda llevar a cabo un proyecto que tenga impacto sobre el medio ambiente van a surgir negativas, impidiendo, finalmente, el desarrollo del país.
“La Constitución señala el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a generar emprendimientos para el desarrollo, el rol del Estado es velar porque ambos convivan armónicamente. La gente, en general, quiere los proyectos, son raras las veces en que no los quiere, el punto es a costa de qué y en qué condiciones. Ahí es donde la ley y las regulaciones deben ser buenas ambientalmente. Sin duda que hay un problema de expectativas”, aclara la representante de la Conama.
Además de las falsas esperanzas que se puedan generar en la participación ciudadana en medio ambiente, los expertos coinciden al señalar que la mayoría de los conflictos se producen por problemas territoriales: por la desconfianza hacia lo nuevo, hacia otros que llegan a ocupar la localidad y, desde otro punto de vista, porque no existen regulaciones claras respecto a la utilización de los territorios.
“No siempre es la ciudadanía (la que crea los conflictos) sino el ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica son dos instrumentos que faltan en nuestra legislación ambiental y son muy importantes, son los que pueden aminorar todos estos conflictos que se desarrollan con la ciudadanía”, señala Paola Vasconi.
En este sentido, parece haber consenso respecto a la deficiencia de la legislación sobre el tema. Desde todos los sectores coinciden en que es necesaria una nueva institucionalidad ambiental que le de espacio a la opinión ciudadana, sin crear falsas expectativas, y que sea capaz de determinar con antelación y certeza cuando los proyectos son o no viables ambientalmente para no tener que llegar a las instancias que, por ejemplo, se han generado con el proyecto Pascua Lama.
|
|
|
 |
