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Título: URUGUAY: DE LAS 14 CONCESIONARIAS DE AGUA POTABLE, SOLO URUGUA NO PODRA SEGUIR (01/04)
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Uruguay - 01/04/2005
El gobierno considera que de todas las empresas que operan en servicios de agua potable, Uragua es la única que no podrá seguir con su gestión, debido al incumplimiento del contrato.
01.04.2005 | 13.39
El gobierno considera que de todas las empresas que operan en servicios de agua potable, Uragua es la única que no podrá seguir con su gestión, debido al incumplimiento del contrato. Por otra parte, fuentes del gobierno dijeron a El Espectador que se prepara un proyecto de ley interpretativo de la reforma constitucional del 31 de octubre que afirma que no esta no es retroactiva y que las empresas que estaban en funciones, pueden seguir operando.
El jerarca sostuvo que, por el momento, esta administración mantiene la decisión del anterior gobierno de que las 14 empresas deben seguir operando hasta que se les indique lo contrario. Consultado por Índice 810, Igorra dijo que en esta postura pesan, entre otros aspectos, los económicos.
"Sucede que en el caso de incertidumbre o duda, esto tiene que quedar bien especificado y lo que menos vamos a hacer es promover nuevos daños financieros y económicos al país, si no actuamos con la debida cautela", sostuvo el jerarca.
Según Igorra, el problema para el gobierno, es que existen dudas en la interpretación sobre qué sucede con las empresas que estaban prestando servicios cuando fue aprobada la reforma constitucional. "Si en la reforma constitucional dice que serán los servicios realizados por empresas públicas y además, que aquellos que se estaban realizando caducan de inmediato, ya en este momento, en la forma que sea, aunque fuera a baldes, estaríamos entregando agua en esas localidades y haciendo pozos negros con los recursos que tenemos. Pero, no podemos empeñarnos en esa acción cuando existen dudas de cómo actuar en cuanto a los (servicios) que estaban funcionando antes de la reforma constitucional", explicó.
Según Igorra se aplica a 13 de las 14 empresas. Para el gobierno, el caso de Uragua es distinto porque habría incurrido en incumplimiento del contrato. En estos momentos, el caso está a estudio de OSE.
"(En el caso de) Uragua, por incumplimiento del contrato, está en jurídica el informe de la comisión de control de la concesión y daremos los pasos pertinentes cuando OSE estime que efectivamente se deberá rescindir ese contrato por incumplimiento y multar a la empresa si corresponde", afirmó Igorra.
Fuentes oficiales dijeron a Índice 810 que el gobierno prepara una ley interpretativa sobre este tema para remitir al Parlamento. Esa iniciativa señalaría que la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre no es retroactiva. Es decir, sería valida para impedir que nuevas empresas vengan a prestar servicios de agua y saneamiento, pero no se aplicaría para las que ya operan en Uruguay.
La Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, que promovió esta reforma, reaccionó ante esta iniciativa. La vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de Ose, Adriana Marquisio, dijo hoy a En Perspectiva que estaba al tanto de que el Poder Ejecutivo reglamentará la reforma constitucional.
Marquisio sostuvo que hay un pronunciamiento "claro y contundente" de la ciudadanía que, el 31 de octubre, dijo que no quería "privatizaciones" en el servicio de agua. Dijo que se van a agotar todas las instancias para que esta intención del gobierno no prospere.
"En primer lugar, agotar todas las instancias de hablar, de negociar, para que se respete lo que la decisión soberana del 31 de octubre votó. Si en todo caso, eso no ocurre, para que este proyecto no prospere, estaremos transitando todos los caminos que sean posibles: el de la justicia, recursar el proyecto. Esto es ya un artículo que está impreso en la Constitución", enfatizó.
Marquisio dijo que FOSE se reunirá hoy con el Directorio de OSE por este asunto, y que el próximo lunes el Plenario del sindicato decidirá un plan de acciones a tomar. No obstante, adelantó, que en la movilización convocada por FOSE para el 16 de abril en Fray Bentos, Río Negro, incluirá en su plataforma la oposición a esta intención del gobierno.
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