Título: ENTRE RIOS: IMPUGNACION DEL ESTUDIO DEL BANCO MUNDIAL SOBRE PAPELERAS (21/12)(La Capital)
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Argentina - 21/12/2005
En un comunicado difundido hoy por la oficina de prensa de la Vicegobernación entrerriana se informó sobre el envío de la misiva firmada por el mandatario provincial, Jorge Busti, y su segundo, Guillermo Guastavino.
Paraná. El gobierno de Entre Ríos envió una carta al titular del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, para “impugnar” el estudio preliminar que esa institución difundió esta semana respaldando la instalación de dos papeleras en Uruguay, por considerarlo “ilegal” respecto de las propias reglamentaciones internas de esa institución.
El borrador de Estudio de Impactos Acumulativos Acumulativo (EIAA) conocido el lunes último tiene, a criterio del gobierno de Entre Ríos, una “ilegalidad manifiesta con respecto a las políticas de salvaguardia social y ambiental de la CFI”, institución dependiente del Banco Mundial que se encarga del otorgamiento de préstamos a empresas privadas.
Entre las violaciones a las reglamentaciones internas, Busti y Guastavino señalaron que “ninguna consulta fue realizada con los 39.633 denunciantes que presentaron la demanda ante la CAO (ómbudsman del Banco Mundial) en el mes de setiembre”, reclamando que no se otorgue a las empresas papeleras ENCE y Botnia los créditos solicitados.
El gobierno de Entre Ríos y entidades ambientalistas afirman que la instalación de esas dos fábricas de celulosa en la ribera oriental del río Uruguay causará una devastadora degradación del medioambiente.
Por esta “violación de procedimiento por parte de la CFI el EIAA está basado en información incompleta y no incorpora los numerosos estudios que se han realizado”, aseguró.
Entre estos estudios el gobierno entrerriano mencionó en su carta trabajos sobre el impacto que las empresas podrían provocar en el acuífero Guaraní realizado por la Universidad Nacional de Córdoba e informes de la Comisión Binacional que analiza el tema.
Ante esto el gobierno de Entre Ríos decidió “impugnar este estudio por ser resultado de la violación directa y reiterada de la legalidad interna de la CFI”, manifestó.
Además, denunció que una de las consultoras que realizó el estudio preliminar, la “Pacific Consultants International”, tendría “parcialidad e incapacidad técnica”.
Esto, según dijeron Busti y Guastavino a Wolfowitz, quedó demostrado cuando la CAO dijo que un estudio de impacto ambiental realizado por esa consultora para la empresa Botnia era “inadecuado”.
Asimismo, recordó el gobierno provincial las “reiteradas declaraciones públicas a favor de la empresa por parte del señor Madariaga, directivo de la consultora”.
Advirtieron que el avance de los proyectos de inversión en Fray Bentos “sigue generando gran preocupación en la población” que está realizando “cortes de ruta, protestas públicas y nuevas acciones legales en tribunales nacionales e internacionales”.
Esto y la “tensión diplomática” generada entre Argentina y Uruguay, agregó, podrían haberse evitado “si se hubieran respetado los procedimientos operativos del Banco Mundial”.
Finalmente, el gobierno de Entre Ríos instó a Wolfowitz a “adoptar las medidas necesarias para encauzar este procedimiento, manifiestamente ilegal en el marco de las Políticas Operativas y del informe de la CAO”. (DYN)
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