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Título: EL FUTURO DE AGUAS ARGENTINAS (La Nacion)(20/01)
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Argentina - 20/01/2006
La crisis de la empresa Aguas Argentinas, prestadora de los servicios de agua potable y cloacas de Buenos Aires, parece lejos de encontrar una solución satisfactoria y la reestatización podría ser una salida, por cierto muy distante de lo ideal.
Los principales accionistas de la empresa, el grupo francés Suez y la compañía española Aguas de Barcelona, han intentado sin éxito vender sus tenencias a inversores que ya habían tomado posición en la deuda de la concesionaria. La factibilidad de la operación está ligada, según se ha informado, al compromiso del gobierno nacional de autorizar el incremento de las tarifas residenciales. De lo contrario, no se hace posible sostener la operación ni cumplir con el pago de la deuda, y menos aún recuperar cualquier suma que se destine a la compra de las acciones.
El Gobierno se ha negado sistemáticamente a dar aumentos de tarifas residenciales y, presumiblemente, se resistirá aún más a hacerlo en el nuevo contexto de la política de controles de precios. Mientras esté solicitando de distintos sectores congelamientos por períodos de hasta un año y en tanto no se estén otorgando aumentos en los postergados salarios públicos y jubilaciones, no es imaginable que se toquen las tarifas del agua ni otras bajo regulación estatal.
La decisión de congelar las tarifas a pesar de haberse producido una devaluación del 200 por ciento encontró en 2002 a la empresa con una importante deuda asumida en moneda y bajo ley extranjera, que no fue pesificada. Esto ocasionó el default y la necesidad de una difícil reestructuración. Además, sus costos operativos han aumentado en consonancia con los incrementos salariales, de la energía y de los insumos industriales nacionales e importados. Puede mencionarse como ejemplo el costo en dólares del sulfito de aluminio, que es importado y se usa en grandes cantidades en la potabilización.
A juicio de los responsables de Aguas Argentinas, el aumento de las tarifas residenciales es esencial ya que la incidencia de lo facturado en comercios e industrias, con aumentos autorizados, es pequeña. Tampoco hay para esta empresa una compensación estatal mediante subsidios directos o indirectos, como ocurre en ferrocarriles urbanos, generación eléctrica, colectivos y subterráneos. A diferencia de esos y otros servicios públicos, en el agua no es posible bajar los gastos reduciendo la calidad del servicio.
El agua está ligada con la salud de millones de personas y, según han afirmado los directivos de la empresa, la calidad del servicio es el último bastión y no se resignará. Pero está al límite; requiere nuevas inversiones y, por ello, sus directivos prefieren retirarse antes que enfrentar la responsabilidad de suministrar un servicio con el riesgo de no cumplir con todos los estándares exigibles.
Aguas Argentinas solicitó oportunamente la rescisión del contrato de concesión por incumplimiento del concedente. La Subsecretaría de Recursos Hídricos rechazó ese pedido por improcedente y el tema ha continuado dirimiéndose en el plano legal, en tanto se continuó con las negociaciones en busca de una solución. El proceso no ha estado exento de contenidos políticos e ideológicos. El Gobierno se apoyó en informes de institutos privados cuya posición y la de sus analistas ha estado tradicionalmente inclinada a la prestación estatal de los servicios.
La negociación no ha encontrado hasta ahora una vía de salida y la reestatización parece inevitable. El desenlace jurídico de la cuestión en Aguas Argentinas, en todo caso, sería diferente del ocurrido en Aguas de Santa Fe, en donde Suez decidió la disolución de la sociedad. Sin embargo, el resultado final sería similar: el retorno a la prestación estatal.
La comparación de la experiencia de una explotación estatal y una privada no deja dudas sobre la inconveniencia del desenlace que se espera de esta cuestión. En todo caso, si así fuera, sería deseable que con la mayor brevedad fueran concesionados nuevamente los servicios. Esto es, que no se repita el modelo del Correo Argentino, que fue reestatizado por un plazo de 60 días que se extendió por mucho tiempo más y que hoy sigue en la órbita del Estado.
La experiencia deberá ser tenida en cuenta, tanto en cuanto a los defectos y mejoras necesarias del marco regulatorio aplicado, como respecto de los incentivos y reglas de competencia posibles por aplicar en un nuevo proceso de concesionamiento. Pero de lo que no cabe duda es que no habrá una prestación adecuada, sea estatal o privada, si no se cumple con el requisito mínimo de tarifas que cubran los costos operativos y permitan la recuperación de las inversiones para un servicio seguro y de calidad
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