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Título: ARGENTINA: CRECE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO Y AGUAS (11/02)..
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Argentina - 11/02/2005
La empresa se negó a firmar la prórroga de un fideicomiso destinado a inversiones. Malestar oficial
En una carta enviada a varios organismos, la firma volvió a pedir que se respete el contrato. Dice que, de todos modos, hará un pago voluntario a un fideicomiso de obras .
Cortante en los hechos, más atenuada en las palabras, la relación entre Aguas Argentinas y el Gobierno sigue siendo áspera. La compañía se negó ayer a firmar la prórroga, para este año, de un convenio con el Poder Ejecutivo que la obliga a destinar parte de los aumentos que ha recibido a un fideicomiso que financiará obras de infraestructura.
La primera cuota de ese pago, unos 3,6 millones de pesos, debería ser abonada hoy. Aguas Argentinas optó por una salida ambivalente: por un lado, depositaría hoy 3,2 millones, pero aclaró que lo haría en forma de pago voluntario y que eso no significaba que estuviera de acuerdo con la validez de ese fideicomiso. No estar de acuerdo, pues, tensa más las cosas.
Así lo expresó ayer el director general de la compañía, Jean-Bernard Lemire, en una carta dirigida al organismo regulador del sistema, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss). "La empresa está impedida de firmar dicha prórroga, al menos hasta que se concrete un acuerdo de fondo respecto del contrato de concesión, cuya renegociación debió culminar antes del 31 de diciembre de 2004, tal como se acordó con el concedente", dice el texto enviado al Etoss, a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a la Unidad Nacional de Renegociación (Uniren).
"No obstante ello -continúa la carta-, se está analizando la oportunidad de hacer un aporte voluntario el día de mañana [por hoy] al fideicomiso en el marco de la renegociación del contrato, en cuyo caso se deberá tomar como depósito a cuenta de cualquier fideicomiso que las partes pudieran acordar en el futuro."
En el Gobierno no hubo comentario público, pero trascendió que no había conformado la actitud de la empresa. "Es una chicana. Con esto, sacan los pies del plato. ¿Dónde van a poner ese depósito voluntario? ¿A quién se lo van a pagar?", razonaba ayer un funcionario. En las primeras horas de la tarde tampoco se descartaba que el Etoss fuera a hacer una presentación judicial con el argumento de que Aguas Argentinas, al no cumplir con el depósito, se estaba apropiando de dinero que no le correspondía.
Pero, como ha ocurrido siempre en este conflicto, más tarde, las buenas maneras primaron sobre las divergencias. Al punto que, hasta anoche, nadie se animaba a arriesgar un desenlace: si habría finalmente acuerdo o si se llegaría, como han amenazado tanto la empresa como el Gobierno, a una rescisión del contrato.
La prueba de la tregua discursiva fueron las palabras de Alejandro Labado, presidente del Etoss. "Si pagan, están cumpliendo; ésa es una medida correcta. Luego habrá que sentarse y analizar cuál es el monto depositado, bajo qué modalidad y cómo se lo imputa", dijo a la agencia de noticias Télam.
Aguas divididas
La discusión por el contrato de Aguas ha mostrado, en los últimos tiempos, una clara diferenciación dentro del Gobierno. Como si su paso y sus declaraciones en París -anunció un aumento tarifario que luego fue desmentido desde la Casa Rosada- hubieran sido su último aporte a la cuestión, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, ya casi no se mete en el conflicto. "Lavagna, lentamente, se abrió del problema -dijo ayer a LA NACION un influyente empresario que conoce bien al jefe del Palacio de Hacienda-. A él, ahora, solamente le preocupa la deuda." No hay que olvidar que Lavagna representa a un ministerio que también forma parte de la Uniren.
Con todo, para algunos observadores del sector, la reestructuración no es ajena al desenlace del problema con Aguas Argentinas. Hay quienes ven en el Gobierno y en la compañía controlada por el grupo Suez, que una caída de la concesión se convertiría en una pésima señal para el país. Según quienes juzgan desde este punto de vista, cualquier rescisión no debería resolverse antes de que terminara el canje.
Son varios los que piensan así. Un ejecutivo con años en otra empresa de servicios públicos de capitales europeos vinculó, días atrás, en un solo razonamiento, ambos temas: "Si el Gobierno sigue sin cumplir con los contratos -dijo-, se va a crear un deuda enorme con las demandas en el Ciadi. Habría que ver quién se hace cargo de esta tercera deuda externa".
Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION
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