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Título: La plata para Garabí, Yacyretá y el mejoramiento del río Uruguay
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Argentina - 12/10/2004
Todos quieren las obras de infraestructura, pero también reconocen las dificultades para financiarlas.
Todos quieren las obras de infraestructura, pero también reconocen las dificultades para financiarlas. Las soluciones, pueden estar en varios lugares y en esta nota se brindan algunos hallazgos que surgen de otra investigación exclusiva.
Un inesperado vuelco financiero puede potenciar la realización del aprovechamiento hidroeléctrico Garabí. Se trata de fondos frescos que se obtendrían a través de una novedosa herramienta, que podría entrar en vigencia hacia fines de año, luego de celebrarse en Argentina la décima edición de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático. Uno de los mecanismos contemplados en el Protocolo de Kyoto, para reducir las emisiones de gases atmosféricos, puede resultar un aliado de suma importancia, para que tanto la Argentina como el Brasil, obtengan divisas que le permitan disminuir los costos de varias obras de aprovechamiento hidroeléctrico.
Si finalmente Rusia confirma su adhesión al Protocolo de Kyoto, hecho ya anunciado por las autoridades de aquel país, el mismo finalmente entraría en vigencia y con él una herramienta de insospechadas consecuencias para los dos principales miembros del Mercosur: el mercado internacional de los Bonos de Carbono. Según los expertos en Energía del Banco Mundial, “cada mw/h de energía hidroeléctrica, equivale a media tonelada de dióxido de carbono que se deja de enviar a la atmósfera”. El dióxido de carbono es el gas primordialmente responsable, del efecto invernadero causante del cambio climático, según lo señalado por los científicos que vienen estudiando, a pedido de las Naciones Unidas, este problema ambiental. Para distintos economistas ambientales consultados, cada tonelada de dióxido de carbono que se evite enviar al aire (denominado técnicamente “Carbono Retenido” o “Carbono Secuestrado”) se cotiza hoy a nivel internacional en 4 dólares. Tanto Argentina como Brasil, miran con expectativas lo que acaba de ocurrir en Chile con la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Chacabuquito, que al reemplazar la generación térmica (basada en la quema de combustibles tradicionales que emiten dióxido de carbono), redujo la producción de gases de efecto invernadero en 1,7 millones de toneladas. Esta retención de carbono, fue transformada por las autoridades ambientales trasandinas en bonos de descontaminación que la corporación Mitsubishi compró a 3,5 dólares la tonelada. De esta manera, alrededor de 6 millones de dólares provenientes de estos bonos de carbono, se sumaron a los ingresos inmediatos que ya las autoridades chilenas contabilizan como resultado de una generación energética menos contaminante. Si este modelo se trasladara a la Argentina, en la que cerca del 50% de su oferta energética proviene de la generación hidroeléctrica, la colocación de estos Bonos de Carbono sería una nueva fuente de financiamiento. No obstante, las autoridades argentinas deberían establecer una estrategia común con sus pares brasileños, paraguayos y uruguayos, con quienes comparte la responsabilidad de emprendimientos como Garabí, Yacyretá y Salto Grande, respectivamente. Desde Santiago de Chile, fuentes de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), expresaron a época, que “el valor de la tonelada de carbono como unidad de medida para los bonos de descontaminación, surge de un cálculo en el que se ponderan distintas variables y entre ellas la del Riesgo País”. Este fatídico indicador, no conocerá valores normales en la Argentina hasta que el país abandone el default de su deuda pública externa, aunque no falta quienes relativizan este dato ya que afirman que las cuentas patrimoniales de un país y entre ellas su disposición accesible hacia recursos naturales estratégicos como en este caso el agua, es un factor más que tenido en cuenta para inversores que como en el caso de la nipona Mitsubishi, es un actor preferencial en el mercado hidroeléctrico, desde su condición de proveedor de grandes equipamientos como por ejemplo turbinas, un factor clave en cualquier represa de estas características.
Innovaciones en varios sentidos
Las severas crisis presupuestarias del sector público vienen siendo una constante en las alicaídas arcas de los estados, lo que provocó una parálisis en las grandes obras de infraestructura. Ante eso, se puso en marcha una modalidad llamada de las 3 P, por Participación Pública Privada, para emprendimientos que requieren de grandes inversiones. El sector privado se involucra en la financiación de obras, asociándose con el Estado para concretar un proyecto puntual, bajo las normas operativas de la actividad privada. El PPP culmina cuando el privado ha cobrado su inversión y allí termina también la concesión, quedando el Estado en libertad para elegir otro concesionario o seguir con el mismo si no aparece una mejor alternativa operativa y financiera. Este es el esquema con el cual se construiría Garabí (según lo ya adelantado desde estas mismas páginas). Cuando generalmente se cree que este esquema es privativo de la actividad vial, surgen antecedentes que demuestran lo contrario, como lo señala el ingeniero José Rodríguez de la empresa IMPSA. “El Aprovechamiento Hidroeléctrico Potrerillos -176 MW instalados- ubicado en la Provincia de Mendoza, fue concebido y ejecutado bajo un esquema de este tipo, en el que el concesionario constructor y actualmente operador está formado por el gobierno de esa provincia e IMPSA, junto a otra empresa privada. Además, tenemos una preadjudicación por el Proyecto Multiproposito Chihuido II en la Provincia del Neuquén en forma similar, próximo a adjudicarse por el mismo sistema, y lo mismo en el extranjero como ser el complejo CBK en Filipinas”. Hasta donde pudo indagarse, IMPSA no ha contemplado la generación de Bonos de Carbono para remedar el caso de la presa chilena Chacabuquito. “La Argentina no ha elaborado ningún proyecto de generación hidroeléctrica que tome en consideración el Mecanismo de Desarrollo Limpio, cuya herramienta más importante son los Bonos de Carbono”, expresó a época Nazareno Castillo, coordinador de la oficina argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio que funciona dentro de la Unidad de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Este dato de la realidad seguramente sonará fuerte en el sector hidroeléctrico, donde hasta aquí sólo se limitaron a actuar a la defensiva respecto del sector ambiental y ecologista. Desde ese mismo sector ahora, surge una oportunidad tal vez irrepetible para potenciar esfuerzos, contaminando menos. En este sentido, época tuvo acceso a un documento confidencial elaborado por una consultora ambiental, cuyo cliente es una de las grandes centrales hidroeléctricas, en ese documento se toma a los Bonos de Carbono como factor concreto de ingreso de divisas y el valor para la “tonelada de carbono retenido”, sobre el que los economistas de aquella firma trabajaron es de 4 dólares, vale decir el mismo precio que el valor testigo fijado hoy internacionalmente. “En este aspecto, el Riesgo País es infinitamente menor que el Riesgo Ambiental, que a la vez surge de una ecuación en la que se le otorga preeminencia al pasivo ambiental”, señaló un miembro del equipo de trabajo que elaboró el informe antes señalado.
Situaciones cambiantes
El escenario ambiental ha sido hasta aquí motivo de preocupación para los emprendimientos hidroeléctricos, a tal punto que funciona a nivel global un Foro Anti Represas que enlaza al activismo de las ONG´S ecologistas. Los déficit que se señalan desde este sector, apuntan a varias cuestiones como los efectos adversos sobre comunidades locales, causados por la agresiva inundación de tierras, la alteración de hábitat de flora y fauna y las expectativas desmesuradas de desarrollo regional que ocasiona la construcción de una obra de grandes dimensiones, que origina la instalación de obradores gigantescos con una población flotante que al comienzo provoca el espejismo de un importante movimiento económico y social, para dejar todo abandonado al cierre de las obras, convirtiendo a ese hasta allí próspero asentamiento en una ciudad fantasma, azotada por la desocupación y otras lacras sociales. “Mucho de eso es lo que ocurrió con la construcción de la represa Salto Grande y también en la de Yacyretá. Vemos cómo hoy Concordia está entre las ciudades con más alta desocupación del país, lo que explica sus altos niveles de pobreza y delincuencia”, confía a época un consultor privado que está investigando nuevos métodos de participación social en grandes proyectos con financiamiento del Banco Mundial.
Será por eso que en la mayor reserva, las autoridades binacionales de cada emprendimiento antes mencionado, están barajando reunir las dispersas fichas de este rompecabezas y colocarlas bajo el paragüas de un concepto de desarrollo que está a tono de las nuevas tendencias globales: el desarrollo sostenido.
Fuente: Diarion Epoca.com
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