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Título: MISIONES: EMBISTEN CONTRA CONCESIONARIO DE AGUA POTABLE Y CLOACAS..
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Argentina - 01/02/2005
Hoy, el tema de al agua potable y las cloacas privatizadas son una brasa caliente que trasciende las jurisdicciones locales.
En línea con el pensamiento expuesto por el Presidente de la Nación, en Misiones se producen diversas manifestaciones contra la sociedad española que desde 1999 tiene la concesión de la provisión de agua potable y servicio de cloacas en Posadas y Garupá, ciudades que albergan en su conjunto a más de 300 mil personas, casi un tercio de toda la población misionera. En los extremos se ubican quienes planean revisar la concesión, e incluso hacerla caer.
Ocurre que mientras Néstor Kircher decìa "minga!" (expresión vulgar de rechazo) a las pretensiones de ajuste de tarifas de las concesionarias europeas de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, los españoles de SAMSA (subsidiaria de Dragados) hacían pública su preocupación por un atraso tarifario que estimaban en un 80 %.
Claro que los proveedores del agua entendían que un tarifazo de esa magnitud sería catastrófico, por lo que proponían llegar a ese porcentaje de a poco, "gradualmente", dirían.
No se sabe muy bien si fueron inoportunos en su comunicación, o en realidad le están pasando una pesada factura a un poder político demagógico que pregonó a los cuatro vientos las bondades de la privatización y ocultó la ineficiencia del ente regulador (EPRAC) que debió protener no sólo los intereses de los usuarios, sino también promover el equilibrio entre los consumidores y la lógica renta que pretenden los inversores.
Hoy, el tema de al agua potable y las cloacas privatizadas son una brasa caliente que trasciende las jurisdicciones locales.
¿Por qué no existe el mismo problema en localidades donde el servicio está privatizado, pero en manos de las cooperativas, que por años han funcionado sin entes reguladores?
Es evidente que al calor de los políticos de turno SAMSA ha ido prestando un servicio que no está al nivel que se hubiera pretendido.
Pero es natural suponer que si se pretendía servicios de otra calidad... las tarifas son las que finalmente sostienen las inversiones necesarias. No hay otro recurso.
Ahora, la verdad ha quedado desnuda: los políticos han engañado a las sociedad y se engañaron con la ilusión de que los inversores tendrían más paciencia.
Por eso -en un año electoral donde se juegan el futuro todos los políticos que ocupan hoy cargos públicos (oficialistas y opositores)-, parece justificado el embate desatado desde el fin de semana, fogoneado especialmente por medios de comunicación que obviamente no están recibiendo de los españoles la tajada publicitaria que quisieran.
Acerca incremento en la tarifa del agua de un 80 %, el intendente de Posadas, Jorge Brignole consideró, por ejemplo, que en principio el tema de la concesión debe ser tratado por la Legislatura, y opinó que ese porcentaje quizás le cierre a la prestataria del servicio pero no a la sociedad.
Sostuvo que desde el punto de vista de las inversiones que debía realizar en Posadas "no se hicieron, y hoy Samsa es un mal para la sociedad: destruyen todo lo que se ha construido, y en poco tiempo vamos a pensar en una repavimentación de la ciudad, porque Samsa destruye alevosamente".
En su embestida, el polémico jefe municipal capitalino acusó a Samsa de ser "una empresa que no colabora con el municipio, y tampoco ha hecho las inversiones necesarias para llevar agua a otros lugares de la ciudad porque no es rentable".
No obstante, el Intendente manifestó su desacuerdo en que el Estado maneje las empresas, ya que consideró que "puede dar rentabildiad un año y luego venir las pérdidas".
Recordó Brignole que cuando se privatizaron las empresas estatales "eran nidos de corrupción".
Advirtió asímismo que las empresas deben cumplir con los contratos: "se debe demostrar que en la Provincia hay poder y que deben cumplir".
De su lado, el edil justicialista José Garzón Maceda dijo que en el Concejo Deliberante de Posadas vienen trabajando el tema hace un par de semanas, y la idea es convocar a una sesión extraordinaria para tratar, como temario único, el servicio de la prestataria de agua.
Detalló el concejal que tratarán la intención del aumento tarifario, la calidad del servicio que presta la empresa a los usuarios de Posadas y el perjuicio que ocasiona al municipio en la ampliación de la red en lo que hace a rotura de calles.
También buscarán ver la facturación elevada que hace la empresa al municipio en consumo de agua, ya que el monto mensual es de entre 12 y 15 mil pesos.
Cuestionarán además el tributado, “porque de acuerdo a un decreto de hace unos años, estarían pagando por los caños maestros y no por la totalidad de caños que hay en la ciudad”.
Garzón Maceda, que quiere que los usuarios participen de la sesión extraordinaria,
se mostró partidario de la revisión del contrato de concesión, y señaló que -luego del análisis de la Legislatura- el Poder Ejecutivo Provincial tiene la facultad de rescindir el contrato o modificar aquellas pautas que “nos tienen prisioneros de una empresa española”.
A su tiempo, el presidente del bloque radical (opositor) de la Legislatura de Misiones, dijo que el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) es el que tiene que autorizar el aumento en la tarifa del agua.
Luis Giuliani consideró que es el Poder Ejecutivo el que tiene que plantear la revisión del contrato de concesión, y agregó que "está claro que la empresa no ha hecho las inversiones que se comprometió y cobra por servicios que no se prestan".
De ser cierto todo lo que estos funcionarios imputan a la concesionaria, evidentemente hubo un claro descontrol por parte del organismo regulador durante más de cinco años. Y de ello, alguna vez por lo menos, tendrían que dar cuenta los funcionarios responsables, porque ya lo dice el sabio refranero popular: "No tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer".
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