Título: ARGENTINA: NUEVO MARCO REGULATORIO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE (15/12)(Clarin)
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Argentina - 15/12/2006
Los usuarios financiarán las obras de expansión de agua y cloacas de AySa. Se crearán dos nuevos organismos estales, para planificación y control.
EL CONGRESO TRATA EL NUEVO MARCO REGULATORIO
El nuevo marco regulatorio para el servicio de agua potable y cloacas que está tratando el Congreso deja de lado el modelo privatizador de la época menemista y da paso a un esquema donde el Estado concentra las tareas clave de operación, control y ejecución de obras.
Cargos tarifarios para financiar las inversiones, restricciones del servicio a los morosos, tarifa social y corte de suministros a los entes públicos que no paguen constituyen los puntos salientes del nuevo escenario regulatorio que el Gobierno diseñó para la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySa).
Según las nuevas reglas de juego, en el servicio sanitario—que opera AySa— intervendrán los siguientes actores:
Ministerio de Planificación y Secretaría de Obras Públicas: aprueban el plan de negocios y supervisan el accionar de AySa.
Subsecretaría de Recursos Hídricos: es la autoridad de aplicación e imparte las políticas para la prestación del servicio.
Agencia de Planificación (APLA): Interviene en la elaboración de las obras de expansión y en la fijación de las tarifas.
Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): Sustituye al Etoss, fiscaliza la calidad del servicio y protege a los usuarios.
Al definir las condiciones que debe cumplir AySa, el marco regulatorio establece que "el servicio de agua deber ser contínuo, disponible las 24 horas y sin interrupciones debidas a deficiencias en los sistemas ". Y ante una interrupción mayor a 18 horas, la empresa "deberá proveer un abastecimiento de emergencia a los usuarios afectados".
Respecto a la Agencia de Planificación , el proyecto dispone una integración tripartita entre Nación, provincia y la ciudad de Buenos Aires; pero reserva la presidencia para el subsecretario de Recursos Hídricos. Se financiará con un porcentaje de la facturación a los usuarios y contará con una "comisión asesora", con un representante de cada municipio del área de concesión.
El nuevo ente de control ERAS también será tripartito y al titular lo designará el gobierno nacional. Al igual que la APLA, el ente será financiado por los usuarios, con un porcentaje de la facturación que se fijará expresamente.
Tendrá una "comisión asesora" (integrada con representantes de los municipios bonaerenses); una "sindicatura de usuarios", que reunirá a las entidades de consumidores y un "defensor del usuario" que será seleccionado por concurso público y participará en las audiencias públicas y en los casos donde decisiones del ente que afecten a los usuarios.
Por el lado tarifario, se prevé la creación de "cargos específicos" para financiar los planes de expansión y una "tarifa social" para los sectores de bajos recursos. Los nuevos usuarios abonarán un "Cargo de Acceso al Servicio" y a los morosos se les restringirá el suministro a un caudal limitado de agua por día.
Fuera del Congreso, la iniciativa cosechó dos reacciones contrapuestas. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la ACIJ (Asociación por la Igualdad y Justicia) rechazaron el proyecto porque "se hizo sin participación de los usuarios y deja desdibujado al ente regulador". En tanto, el Instituto Argentino de Servicios Públicos (IASP) consideró positivo que, a diferencia de otros servicios, el agua tenga una regulación aprobada por ley.
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