Título: Reclaman a Nación por cortes arbitrarios
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Argentina - 23/11/2004
Información: la Asociación Alihuén reclamó datos oficiales al Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La entidad plantea que la conservación de la biodiversidad es “esencial en la reducción de la pobreza”.
Información: la Asociación Alihuén reclamó datos oficiales al Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La entidad plantea que la conservación de la biodiversidad es “esencial en la reducción de la pobreza”.
La Asociación Alihuén sigue mostrándose activa en lo relacionado con la problemática del río Atuel: ahora planteó formalmente al Gobierno Nacional que intervenga ante los “cortes arbitrarios” que viene concretando la provincia de Mendoza. La agrupación intermedia cuestionó, en los días previos, la “pasividad” del Gobierno Provincial frente a los abusos de la provincia limítrofe.
La nota la envió el presidente de la institución, Leandro Altolaguirre, el 19 de noviembre de 2004, mediante una carta documento al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Atilio Armando Savino.
Alihuén explicó que “el fin de este pedido es saber qué está haciendo para revertir los cortes arbitrarios efectuados sobre el cauce interprovincial del río Atuel por parte del estado mendocino, ya que están perjudicando y degradando los valores ecológicos; los hábitats naturales -bañados del Atuel- que cobijan una riqueza de flora y fauna, las funciones ambientales como purificación de aguas, amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos, y la diversidad de paisajes en la provincia de La Pampa”.
Paradójicamente, en esas mismas horas el Gobierno pampeano -a través de la Secretaría de Recursos Hídricos que comanda Juan Pablo Morisoli- salió a difundir que Mendoza abrió las compuertas para que vuelva a pasar agua a La Pampa.
Reducción de la pobreza
Alihuén le remarcó al funcionario nacional: “Como sabe, la conservación y gestión de la biodiversidad es esencial en el desarrollo sostenible y reducción de pobreza. Lo social, ecológico y económico van vinculados entre sí, de tal forma que un descuido de los valores ecológicos perjudica a lo largo el desarrollo económico y por ende al desarrollo social de nuestro país”.
Altolaguirre requirió “que se informe en un plazo oportuno -en el marco del decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1.172/2003- las acciones realizadas y a realizarse por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que está a su cargo, según el compromiso asumido en su nota Nº 1.943/03 de la SADS del 20 de octubre de 2003”.
Alihuén aclara que se hace el planteo “en ejercicio del derecho colectivo de los ciudadanos a recibir información, el cual adquiere especial trascendencia cuando se encuentran involucradas cuestiones de interés público ambiental”.
Esos derechos -insiste Alihuén- “tienen en el caso que nos ocupa una dimensión de incidencia colectiva que proyecta su afectación hacia todos/as aquellos/as ciudadanos/as interesados/as en la defensa y el cuidado de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin información completa y precisa, mal pueden los/as ciudadanos/as ejercer en forma integral y exhaustiva este derecho. Finalmente, la falta de acceso suficiente y oportuno a la información requerida restringe y limita las posibilidades de ejercicio de las actividades que forman el objeto de la asociación presentante y afecta el cumplimiento de sus fines sociales”.
Fuente: eldiariodelapampa.com.ar
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