Título: BUSCAN CONGELAR EL TEMA EN URUGUAY (24/11)..
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Uruguay - 24/11/2004
Las principales figuras de la coalición de centroizquierda Frente Amplio-Encuentro Progresista, que asumirá el gobierno en Uruguay el 1º de marzo, pidieron al presidente Jorge Batlle que detenga la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento que brindan empresas locales y extranjeras.
Pedido a Batlle por la estatización del agua
Las principales figuras de la coalición de centroizquierda Frente Amplio-Encuentro Progresista, que asumirá el gobierno en Uruguay el 1º de marzo, pidieron al presidente Jorge Batlle que detenga la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento que brindan empresas locales y extranjeras.
"Pedimos que las empresas permanezcan tal como están y que el tema lo resuelva el próximo gobierno", afirmó el senador Enrique Rubio.
Batlle decidió que la empresa estatal de agua, Obras Sanitarias del Estado (OSE), asuma las funciones que hoy están en manos de concesionarias privadas en razón de que la opción de la estatización fue apoyada mayoritariamente en un plebiscito realizado en coincidencia con las elecciones del 31 de octubre pasado.
La postura del Frente Amplio supone un cambio. Hasta la semana anterior, el presidente electo, Tabaré Vázquez, afirmó que el tema debía ser resuelto por el actual gobierno. Ayer, el presidente Batlle, afirmó que acatará el plebiscito que determinó una reforma constitucional para que los servicios de saneamiento y distribución de agua potable pertenezcan al Estado. "El gobierno no estatiza el agua, sólo respeta la decisión popular", destacó.
El 64,5% de los uruguayos votó en el plebiscito a favor de la estatización. La consulta fue apoyada por el Frente Amplio y el Partido Nacional, pero rechazada por el gobernante Partido Colorado. Desde entonces hay una polémica sobre si la estatización es retroactiva o no.
Hay dos empresas principales afectadas por el plebiscito, entre una docena de pequeñas compañías. Una es Uragua, de la española Aguas de Bilbao, que adelantó su retirada del país por haber quedado ahora "fuera de la ley". La otra es Aguas de la Costa, de capitales españoles y franceses, que anunció su intención de permanecer en el país al argumentar que la reforma constitucional "no es retroactiva".
Fuente: Clarín.com.ar
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