Constituye para mi un honor intervenir en esta Reunión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Deseo comenzar por expresar, en nombre de la OEA, nuestro agradecimiento a Nicaragua y los Nicaragüenses por la generosa acogida con que hoy nos reciben. Permítanme, en particular, manifestar nuestro reconocimiento para con el Presidente Enrique Bolaños y su Gobierno por el liderazgo que han mostrado para que este encuentro tuviera lugar en Managua. La acertada orientación del Canciller Norman Caldera y la competente labor de la Embajadora Carmen Marina Gutiérrez han sido fundamentales para este propósito.

Como es de todos conocido, desde septiembre del año 2002, mediante una resolución de nuestro Consejo Permanente, los Estados Miembros de la OEA manifestaron su apoyo a los esfuerzos y acciones del Gobierno de Nicaragua para combatir actos de corrupción. Nuestra presencia aquí, sin duda, es una nueva expresión del apoyo de los Estados de las Américas a los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua para gobernar eficazmente, de acuerdo con los principos de la Carta Democrática Interamericana y las obligaciones estipuladas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Esta reunión tiene para nosotros un gran significado e importancia. Po eso quisiera aprovechar esta oportunidad, primero, para destacar las principales razones por las cuales la lucha contra la corrupción es una prioridad de nuestra agenda colectiva en las Américas; segundo, para referirme a los avances que hemos dado en el marco de nuestra Organización y, finalmente, para destacar la importancia de este encuentro como parte del proceso de cooperación hemisférica en este campo.

Por qué consideramos en la OEA que debemos combatir la corrupción en las Américas? Permítanme relevar tres razones que he mencionado en pasadas oportunidades pero que no por ello son menos vigentes e importantes.

La primera tiene que ver con algo que es de la esencia del Sistema Interamericano: la preservación y el fortalecimiento de la democracia. Así lo expresa la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública y la libertad de expresión y de prensa.

Es evidente que la corrupción debilita la legitimidad de nuestras democracias. Un estudio reciente reveló que apenas el 35% de los Latinoamericanos estaban satisfechos con la democracia, que alrededor del 90% considera que la corrupción está empeorando y que muchos la consideran como el problema nacional más grave. Si bien esos datos también muestran que los Latinoamericanos prefieren la democracia a cualquier otra alternativa, no hay duda de que el combate efectivo contra la corrupción constituye un desafío de primer orden para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

La segunda razón por la cual tenemos que combatir la corrupción tiene que ver con los enormes costos sociales de este problema. En Latinoamérica, en particular, la pobreza y la indigencia han crecido. Según la CEPAL, 227 millones de personas, el 44% de la población, viven por debajo de la línea de pobreza, y el 20% bajo la pobreza extrema. Hoy tenemos más pobres que hace diez años, la peor distribución del ingreso del mundo y unos graves problemas de equidad, desigualdad y exclusión social. Y, en este campo, muchos de los recursos que se han asignado para atender las necesidades sociales básicas, no han llegado a sus verdaderos destinatarios, a los pobres y más necesitados, y se han quedado en el camino, entre otras causas, por la corrupción. Como lo han comprobado numerosos análisis, las principales víctimas de la corrupción son los pobres y, por lo tanto, si de veras queremos ser efectivos en nuestras políticas sociales, también tenemos que asegurar que somos eficaces en el combate contra la corrupción.

La tercera razón tiene que ver con los efectos económicos de este problema. Numerosos estudios han confirmado que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico. Luego, tenemos que atacar la corrupción si en verdad queremos crecer y avanzar por la senda del desarrollo.

Por esto, la lucha contra este problema se encuentra en el centro de nuestra agenda colectiva en las Américas. Durante la última década, la OEA ha estado a la vanguardia en las acciones internacionales de cooperación en este campo. Fuimos pioneros y adoptamos en 1996 el primer tratado, en tiempos en que aún se discutía el alcance internacional de este problema y si el mismo podía ser objeto de un instrumento de esta naturaleza. Sin duda, con ese paso abrimos camino para los desarrollos que se dieron más tarde en otros organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa y, más recientemente, en las Naciones Unidas.

La Convención de la OEA no sólo fue la primera sino que, además, tuvo la virtud de expresar una concepción integral y completa sobre la forma como se debe enfrentar la corrupción. Por eso, se convirtió y es la gran carta de navegación de nuestra acción colectiva en esta materia.

Así, de acuerdo con ella, la corrupción debe entenderse como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas. De su contenido se infiere que no basta con poner en la cárcel a algunos delincuentes sin solucionar las causas estructurales que generan la corrupción. Por eso, nuestra Convención contiene disposiciones para fortalecer la cooperación en áreas como extradición, intercambio de pruebas, secreto bancario y medidas para recuperar el producto de los actos de corrupción. Pero, de igual forma, dispone medidas que los Estados se comprometen a implementar para evitar la ocurrencia de actos de corrupción, orientadas a modernizar las instituciones y asegurar transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los Gobiernos.

Asimismo, de ella se deriva que el combate contra este fenómeno debe ser un proceso permanente y no el simple resultado de acciones aisladas u ocasionales.

Finalmente, de acuerdo con este tratado, este es un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: los Estados, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Teniendo en cuenta esa concepción, desde un comienzo fue claro que la Convención no era un punto de llegada sino el primer gran paso para enfrentar colectivamente este mal. Por eso, en desarrollo de los mandatos de las Cumbres de las Américas y de nuestra Asamblea General, seguimos trabajando en este campo.

Así, entre otros, apoyamos a 22 Estados en la adecuación de su legislación penal a la Convención; desarrollamos legislación modelo en relación con algunas de sus medidas preventivas y un programa piloto en Centroamérica sobre las mismas; creamos una red para el intercambio de información a través de “Internet”; y apoyamos la red de asistencia jurídica mutua en materia penal creada en el marco de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales.

Pero, sin lugar a dudas, el avance más importante que hemos dado en este campo lo constituye el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención, el cual fue establecido en cumplimiento de la Cumbre de las Américas de Canadá.

Se trata de un mecanismo cuyo objetivo central es fortalecer la cooperación entre los Estados, entre otros, mediante el análisis recíproco de la implementación por cada uno de las medidas previstas en la Convención y de la formulación de recomendaciones precisas en relación con aquellas áreas que requieran mayores avances.

Además de las normas para su funcionamiento y de las medidas para comenzar la primera ronda de análisis, el Comité de Expertos del Mecanismo ha adoptado informes en relación con Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, Panamá, Ecuador y Chile y, dentro de dos semanas, considerará los de Bolivia, Venezuela, Costa Rica y Perú.

El Comité también ha venido considerando la transparencia en la contratación pública, como primer tema de interés colectivo en el cual se busca fortalecer el intercambio de información y experiencias y la cooperación mutua entre nuestros Estados.

Durante este período de funcionamiento, el Mecanismo ha confirmado su gran utilidad e importancia. Así lo demostró el informe del Comité y así lo han reconocido los Estados. Las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil al proceso de análisis de acuerdo con el reglamento, también han enriquecido este proceso de cooperación hemisférica.

Por eso, primero, en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en México en octubre de 2003, los Estados se comprometieron a fortalecer el Mecanismo de Seguimiento. Y, luego, a través de la Declaración de Nuevo León, en la Cumbre de México, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron incrementar la cooperación en el marco de la Convención, particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo y encomendaron a la Conferencia de los Estados Parte determinar medidas concretas para conseguir este fin.

La Conferencia se reunió en abril de 2004, bajo la Presidencia de Brasil, y acordó un conjunto de medidas específicas y prácticas para fortalecer el Mecanismo. En esa ocasión también se decidió consolidar la Conferencia de los Estados Parte del Mecanismo como foro político para abordar los temas de cooperación hemisférica contra la corrupción y se dispuso que su Presidencia de seguimiento a las decisiones e informe cuando corresponda.

Como ustedes saben, hace apenas un mes también se reunió la Asamblea General de la OEA, en Ecuador, la cual tuvo como tema central “El Desarrollo Social y la Democracia frente a la incidencia de la corrupción”. La Declaración de Quito, adoptada en esa ocasión, reafirma la profunda relación que tienen entre sí el desarrollo, la democracia y la lucha contra la corrupción y, sin lugar a dudas, su contenido y alcances representan un avance substancial en el compromiso de los Estados del Hemisferio para fortalecer la coorperación para enfrentar este problema crucial para el progreso y el bienestar de nuestros pueblos y la estabilidad y legitimidad de nuestros sistemas políticos.

Señor Presidente de la Republica de Nicaragua:

Venimos a su país en cumplimiento del mandato de ustedes los Presidentes y Jefes de Estado del Hemisferio que, en la Cumbre Extaordinaria de las Américas, celebrada en México en enero de este año, nos encargaron avanzar en medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción.

Aun cuando esta Cumbre se realizó hace escasos seis meses, son particularmente significativos los avances que hemos logrado desde entonces para fortalecer la cooperación hemisférica contra la corrupción, particularmente como resultado de la Conferencia de los Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento y de la Asamblea General de la OEA en Ecuador.

Los proyectos de Declaración y de Plan de Acción de Managua sobre medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción en el marco de la Convención Interamericana, los cuales serán considerados en esta ocasión, permiten afirmar que esta reunión tambièn constituirá un hito para continuar avanzando, a través de acciónes específicas y prácticas, en el proceso de cooperación entre nuestros Estados.

Como lo he dicho en otras ocasiones, la corrupción cada vez se organiza más para robarnos a todos y, por eso, también se requiere que todos los que de una u otra somos víctimas de ella, también nos organicemos para combatirla de manera eficaz, oportuna y efectiva.

Estoy seguro que los resultados de esta reunión representarán un paso fundamental en ese camino sin regreso que hemos venido caminando juntos en las Américas para consolidar y fortalecer nuestra acción conjunta para enfrentar un problema crucial para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestros Estados.

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.

Muchas gracias.