Me dirijo a ustedes dentro de “otros asuntos” para informar al Consejo Permanente sobre una tragedia que está ocurriendo en Haití y para solicitar su asesoría y ayuda.

La Carta Democrática Interamericana señala muy claramente en su Artículo 3 que el respaldo a los derechos humanos y las libertades fundamentales es un componente esencial de la democracia. De hecho, la protección de los derechos humanos es el primero en la lista de elementos esenciales de la democracia que se identifican en el Artículo 3. Y, por supuesto, la totalidad del Capítulo II se refiere a los derechos humanos.

La resolución AG/RES. 2058 (XXXIV-O/04), aprobada durante nuestra última Asamblea General, establece que la promoción de los derechos humanos es una de las funciones medulares de la Misión Especial para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití.

En los últimos meses nos hemos concentrado en la preparación del registro para las elecciones, como se acordó con las Naciones Unidas ante la nueva situación que surgió tras los sucesos del 29 de febrero de 2004, cuando salió del país el Presidente Jean-Bertrand Aristide. Pero ahora creo que es importante que hable respecto a una cuestión que plantea una amenaza fundamental a la situación de Haití, no sólo desde el punto de vista moral, sino también político. Se trata del caso del ex Primer Ministro Yvon Neptune, a quien de hecho algunos miembros de este Consejo visitaron en su celda en septiembre pasado.

El Sr. Neptune se encontraba en esa celda porque a fines de junio del año pasado se entregó a las autoridades al enterarse de que un magistrado de instrucción de Saint-Marc había expedido una orden de aprensión que lo implicaba en las ejecuciones sumarias y los atentados incendiarios presuntamente cometidos por los partidarios de Fanmi Lavalas en febrero, durante los hechos de violencia previos a la salida del Presidente Aristide.

Hace unos meses, un grupo de individuos fuertemente armados atacó la prisión en la que visitamos al ex Primer Ministro Neptune, con quien nuestra Misión Especial había mantenido contacto constante. Recordarán que, según se informó, cerca de 500 prisioneros escaparon, entre ellos el mismo Sr. Neptune. Sin embargo, el ex Primer Ministro Neptune recurrió al embajador de Chile y a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) para solicitar que se le protegiera hasta que pudiera ser devuelto a la prisión.

Cuando volvió a la cárcel, se le ubicó en un área más aislada, en condiciones más precarias que antes. Tuvo que compartir una celda con otros presos. El ex Primer Ministro respondió a este cambio de circunstancias declarándose en huelga de hambre. Su salud se deterioró y se le transfirió de la cárcel a un hospital de la MINUSTAH.

En abril, el mes pasado, fue enviado a Saint-Marc para ser interrogado por un juez local, pero la audiencia no se llevó a cabo. Las autoridades lo regresaron a Puerto Príncipe y lo mantuvieron detenido en una casa cerca de la jefatura de policía, que designaron como anexo a la penitenciaría nacional. El Sr. Neptune reinició su huelga de hambre y su estado se ha deteriorado a tal punto que su vida claramente está en peligro.

El 1º de mayo, este domingo pasado, el Gobierno de Haití, en colaboración con la MINUSTAH, decidió permitir que se evacuara al Sr. Neptune del país por razones de salud, y se realizaron los preparativos necesarios para ello, con ayuda de la MINUSTAH, el Gobierno de la República Dominicana y creo que de Estados Unidos también. El Sr. Neptune se negó a ser evacuado y exigió por el contrario que se le pusiera en libertad o se le garantizara que se le permitiría volver a Haití con plena libertad tras su tratamiento médico en el extranjero. El gobierno le ofreció un salvoconducto para abandonar el país, pero no accedió a retirar los cargos en su contra.

Este caso claramente ha alcanzado un punto crítico. El Sr. Neptune no desea aceptar una dispensa del gobierno que no contemple su plena reivindicación. A su vez, el gobierno considera que sólo se le puede absolver de los cargos en su contra siguiendo los procedimientos judiciales haitianos.

Este caso tiene implicaciones políticas y morales graves, como dije antes, para el gobierno de transición del país, para las Naciones Unidas y, a mi juicio, para todos nosotros. Si el deterioro de la salud del Sr. Neptune alcanza un grado de irreversibilidad, el gobierno será responsable por su imposibilidad de procesarlo y por su negativa a dejarlo en libertad, Haití perderá a una importante figura política del movimiento que constituyó la fracción predominante del anterior gobierno y la comunidad internacional dará una impresión de irresponsabilidad.

Hace tres años, este Consejo Permanente adoptó la resolución CP/RES. 806 (1303/02), en la que se ordenó que se integrara una comisión investigadora en relación con el ataque al Palacio Nacional. En los términos de referencia de dicha comisión se estableció que sus tres integrantes no podían ser ciudadanos de Haití, que se seleccionarían con base en su capacidad profesional, discreción y reputación de justicia e imparcialidad de entre los candidatos propuestos por los estados miembros de la OEA, y que uno de ellos sería de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Más adelante, en colaboración con el Gobierno de Haití, instituimos un consejo tripartito sobre reparaciones con el objeto de asesorar a una comisión ministerial haitiana respecto a las reparaciones para las personas directamente afectadas por los hechos violentos del 17 de diciembre de 2001. El consejo se integró como sigue:

• una persona nombrada por el Gobierno de Haití,
• una persona nombrada por Secretario General de la OEA de entre una lista de personas recomendadas por instituciones del sector privado y las iglesias de Haití, y, en tercer lugar,
• una persona nombrada por el Secretario General en ejercicio de su propia discreción.

Hace un tiempo, el Ministro de Justicia de Haití solicitó que la OEA facilitara a un antropólogo forense para ayudar a recopilar pruebas en el caso del Sr. Neptune. En ese momento no se actuó al respecto. No obstante, esa solicitud y los precedentes sentados por los modelos anteriores sugieren que, por ejemplo, podría establecerse un consejo o comisión que incluyera a un jurista haitiano, un jurista internacional y un perito forense, como lo solicitó con anterioridad el Gobierno de Haití.

Mañana le plantearé esa posibilidad al Embajador Valdés, el Representante Especial de las Naciones Unidas, y me propongo esforzarme para que esta propuesta se ponga en práctica, con la esperanza de que tanto el Gobierno de Haití como el Sr. Neptune puedan aceptarla y que así se rompa con este impasse antes de que adquiera una dimensión incluso más trágica.

Agradezco la seriedad con que están considerando este asunto y los consejos que se sirvan prestarme después de reflexionar sobre los hechos. Agradezco al Presidente del Consejo quien, como recordarán, hace un mes expresó ante el Consejo que en su opinión la OEA debía considerar la adopción de las iniciativas pertinentes. Creo que ésta es justa para gobierno de Haití, justa para los derechos humanos del ex Primer Ministro y esencial para el tipo de futuro que deseamos fomentar en Haití.